Corrupción, una enfermedad endémica

El incremento tan vertiginoso como exponencial del patrimonio de Néstor y Cristina Kirchner desde que llegaron al poder atrae cada vez más a menudo la atención de la prensa internacional. El vicepresidente Amado Boudou fue procesado ya dos veces. En un caso, porque le atribuyen la adquisición, a través de testaferros, de la fábrica de papel moneda Ciccone Calcográfica; en otro, por estar acusado de haber intentado estafar a su ex esposa en un juicio de divorcio al adulterar la documentación de un automóvil.Es comprensible que casos como ésos, por su dimensión y repetición, desaten escándalos. Pero la corrupción en nuestro país constituye un problema que excede la sucesión de episodios llamativos por lo poco edificantes. Se ha convertido en un problema estructural, una virtual enfermedad endémica, que hasta determina la política exterior. El vínculo con la Venezuela chavista está asegurado no sólo por la confraternidad del populismo autoritario: también lo consolidaron la valija de Guido Antonini Wilson y las sospechosas contraprestaciones del fideicomiso binacional que denunció en su momento el embajador Eduardo Sadous. Las últimas afinidades externas del kirchnerismo van en esa dirección. Sobre todo, el idilio con la Rusia de Vladimir Putin, donde la combinación de lo público y lo privado ha ejercido, durante años, una deplorable pedagogía sobre el kirchnerismo.La agitación pública que producen los escándalos protagonizados por los más encumbrados personajes del Gobierno induce a quienes competirán en las próximas elecciones a formular propuestas que garanticen una mayor transparencia. La única corriente política en la cual los candidatos no mencionan la corrupción es el Frente para la Victoria.Entre los demás, se escucha hablar de una comisión especial para investigar grandes casos de corrupción, que estaría integrada por personalidades ejemplares y se inspiraría en la Conadep, creada durante la presidencia de Raúl Alfonsín. También se sugieren penas más duras para los funcionarios que delinquen. Se ha aconsejado, además, castigar a esos funcionarios en su patrimonio, obligándolos a devolver los bienes mal habidos.Si bien todas esas iniciativas son saludables, es imprescindible no olvidar algunas medidas más obvias, inmediatas y sencillas para combatir la decadencia moral de la función pública. Es imprescindible, antes que nada, que quienes se postulen para las elecciones del año próximo asuman un compromiso preciso y verificable para favorecer dos...