Encubrimiento, traición y búsqueda de la verdad

El atentado contra la sede de la AMIA, que terminó con la vida de 85 personas y dejó seriamente heridas e incapacitadas a centenares de víctimas, es el hecho criminal más grave sufrido en nuestro país. Y amenazaba, increíblemente, con convertirse en el encubrimiento criminal más desvergonzado, silenciado e impune de nuestra historia gracias a las complicidades de funcionarios políticos y judiciales que estuvieron siempre más comprometidos con el poder que con la ley.

Mucho, demasiado tiempo se ha perdido en la búsqueda de la verdad sobre lo ocurrido en la AMIA, el 18 de julio de 1994. A esa injustificable ausencia de justicia para con los deudos de las víctimas y, en definitiva, para con todos los argentinos, y cuando ya se creía que nada más ominoso podía ocurrir en ese largo, sinuoso y manoseado expediente, se sumó, el 14 de enero de 2015, la denuncia del fiscal Alberto Nisman respecto de que la firma del memorándum con Irán tuvo por objeto lograr que Interpol levantase las alertas rojas de captura internacional que pesan sobre los diplomáticos y ex funcionarios iraníes sospechados de haber cometido el atentado.

La historia que sigue es harto conocida. Nisman nunca llegó al Congreso Nacional para explicar su grave y fundada imputación contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y varios de sus funcionarios, entre ellos, su canciller, Héctor Timerman. Faltando pocos días para presentarse ante los legisladores, el fiscal fue hallado muerto en su domicilio con un tiro en la cabeza. Más de dos años después, un peritaje oficial de la Gendarmería aseguró que a Nisman lo mataron tras haberlo drogado y golpeado.

Ayer, en atención a la investigación de esa denuncia, el juez Claudio Bonadio ordenó los procesamientos por los delitos de traición a la patria y encubrimiento agravado del atentado contra la AMIA del ex secretario legal y técnico del kirchnerismo Carlos Zannini, del referente de la comunidad islámica en la Argentina Jorge Khalil y del dirigente piquetero Luis D'Elía, a quienes mandó detener. También procesó y pidió el desafuero con prisión preventiva de la ex presidenta y actual senadora Cristina Kirchner y la detención de Timerman, a quien concedió prisión domiciliaria por su delicado estado de salud, entre otras medidas.

Antes de Bonadio, otro juez, Daniel Rafecas, había seguido el camino exactamente inverso, al desestimar la denuncia de Nisman en un trámite velocísimo, con el que a su turno estuvieron de acuerdo el fiscal...