Empleo. Alerta en el mundo empresario por otro proyecto polémico del kirchnerismo

Mientras el Gobierno busca dar señales para calmar a los mercados en medio de la tensión cambiaria, el mundo corporativo empezó a alertar de nuevos avances que generan preocupación y que provienen del Senado, territorio que maneja Cristina Kirchner.Las alertas tienen que ver con el mundo laboral. Las primeras luces rojas aparecieron la semana pasada y fueron el principal motivo de debate en la reunión de junta directiva de la Unión Industrial Argentina (UIA). Allí se analizaron los alcances de de una empleada desde el momento de su suspensión, más allá del acuerdo que habían sellado la entidad fabril con la CGT -con aval oficial expreso- para suspender trabajadores con un recorte que no superara el 25% del salario neto. En medio de la pandemia y la cuarentena, ese tipo de medidas fueron la manera para sostener el empleo.El miércoles la UIA, pero también otros sectores empresariales, advirtieron sobre un proyecto legislativo que propone modificar los plazos de prescripción de reclamos de indemnización tras la extinción del vínculo laboral, y que tiene dictamen de la comisión de Trabajo y Previsión Social en el Senado. Básicamente, da más tiempo a los empleados para hacer juicios a sus empleadores después de un despido. Se trata de una iniciativa del senador del Frente de Todos Daniel Lovera, que -dice la UIA- no recibió ninguna observación del sector privado. "Se trabajó bajo el radar", contó un empresario."El dictamen sustituye el texto del artículo 256° de la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), que actualmente establece que todos los créditos de origen laboral prescriben a los dos años, y lo reemplaza aumentando los plazos y distinguiendo entre dos tipos de acciones: tres años, para las acciones relativas a créditos provenientes de la extinción del vínculo laboral y cinco años para las demás acciones relativas a las relaciones individuales o colectivas de trabajo", dice el comunicado de la UIA.Para la entidad, "la iniciativa carece de argumentos jurídicos que sustenten las modificaciones propuestas, y sus efectos son contrarios a los buscados por medidas oficiales orientadas a sostener tanto la actividad económica como el empleo"."El proyecto original de Lovera es idéntico a uno que presentó Héctor Recalde en 2017 como diputado", contó a LA NACION un empresario que prefirió el anonimato. "Este proyecto nos preocupa porque va a aumentar la litigiosidad laboral y es otro elemento más para desalentar la generación de empleo en el sector...