La economía inclusiva, tras un marco legal

Ser una empresa que produce yerba mate, bienestar para familias de comunidades aborígenes y un entorno que preserva la vegetación nativa del bosque. Crear una firma que diseñe, a la vez que juguetes infantiles, un esquema de inclusión laboral para jóvenes sin capacitación previa y un circuito para dar uso a materiales reciclados, provenientes de objetos que pudieron ser, pero que finalmente no fueron basura. Poner en marcha un emprendimiento para fabricar calzados y, al mismo tiempo, hacer algo útil con restos de neumáticos.

La llamada actividad del triple impacto -por sus efectos en lo económico, lo social y lo ambiental- es en el mundo una realidad en crecimiento. Y en la Argentina, sus actores se proponen por estos días que una ley reconozca su existencia, con la creación de una figura jurídica en la que puedan encuadrarse las empresas que se fijan un propósito societario "ampliado": el de generar, desde el corazón mismo del negocio, beneficios sociales y ambientales a la par de los económicos.

Los objetivos mencionados en el primer párrafo, de hecho, son los de tres de las 42 empresas certificadas como B que hay en la Argentina: Guayakí (productora de yerba mate y derivados, que exporta principalmente a Estados Unidos y Canadá), Ondulé (fabricante de juguetes en base a cartón reciclado) y Xinca (que produce calzados cuyas suelas están hechas con goma de neumáticos en desuso). La letra B que identifica a estas firmas proviene de la expresión Benefit Corporation, surgida en Estados Unidos, uno de los países -otro es Italia- donde rigen normativas específicas para estas empresas.

La necesidad de dar un marco jurídico a los actores de una economía sustentable es uno de los postulados que surgió en 2015 en la iniciativa #101 Soluciones, desarrollada por la organización social Ashoka, la Fundación Avina, Socialab, Sistema B (la ONG que agrupa y certifica a las empresas de triple impacto) y LA NACION, y que contó con el apoyo del Banco de Desarrollo de América latina y del Centro de Innovación Social de la Universidad de San Andrés. Se convocó, a mediados del año pasado, a proponer políticas de incentivo y quita de obstáculos para la expansión de una economía inclusiva; se reunieron 125 ideas, algunas de las cuales avanzan ahora con la posibilidad de convertirse en proyectos de ley.

La conformación de una banca ética o sustentable, la creación de un registro de residuos que podrían transformarse en insumos y la disposición de incentivos para...