La economía inclusiva persigue la difícil meta de instalarse en la agenda política

Repensar el rol de los actores de la economía. Y promover negocios que se conciban desde el entendimiento de que la necesidad de ser sostenibles no pasa sólo por la rentabilidad financiera, sino también por el tipo de efectos que la actividad provoque en el entorno, en cuanto a lo social y ambiental. Estudiado e incentivado desde sectores de la academia y puesto en práctica por personas y empresas, existe en el mundo un movimiento creciente que advierte que el sistema económico debe centrar su mirada en el ser humano y el planeta, y basar su acción en criterios de sustentabilidad. Eso implica que haya empresas que se sientan y se hagan responsables de cuidar intereses colectivos.

Desde la convicción de que los contextos influyen con fuerza para que puedan desarrollarse emprendimientos y redes de colaboración tendientes a hacer crecer y consolidar una economía integrada a los valores sociales, un grupo de organizaciones lanzó la iniciativa # 101 Soluciones. Es una plataforma (101soluciones.org) que estará activa por dos meses (ver aparte la descripción de cómo participar) y en la que podrán cargarse propuestas de políticas públicas. El proyecto es organizado por Socialab, Ashoka, Fundación Avina, Sistema B y LA NACION, y apoyado por el Centro de Innovación Social de la Universidad de San Andrés y CAF, Banco de Desarrollo de América latina.

"Para generar cambios de mediano y largo plazo en la economía del país, necesitamos pensar en clave de políticas públicas y construir una agenda común de trabajo", que involucre en una actitud colaborativa al sector privado y al Estado, explica Fátima Ochoa, integrante de Socialab y coordinadora del proyecto.

"Debemos asumir el compromiso de generar contextos para la inclusión", agrega Roi Benitez, una de las disertantes en el evento de presentación de # 101 Soluciones, realizado el martes pasado en el auditorio de LA NACION. Benitez es emprendedora social y creó La Costurera, una empresa social que se propone remediar -a través del desarrollo de cadenas de valor y el fomento de buenas prácticas- la situación de la industria textil, en la que muchas veces las formas de trabajo no respetan derechos humanos básicos. La Costurera es una de las 30 empresas que en nuestro país están certificadas como B, una identidad de mercado en la cual las firmas se autoexigen resultados positivos sociales y ambientales, sin dejar de lado el beneficio...