Dos socios de los Macri enfrentan al país en el Ciadi

Su pasado empresario le trajo al presidente Mauricio Macri algunas situaciones incómodas. La más engorrosa fue su participación como director en una sociedad offshore que había creado su padre, Franco. Pero la dinámica de los negocios familiares lo pone de frente a más circunstancias al menos curiosas. Por ejemplo, dos compañías socias de la familia Macri le están haciendo juicios millonarios en tribunales internacionales al Estado que él mismo conduce. Si bien se trata de demandas que comenzaron antes de que Macri ganara las elecciones, su resolución dependerá de las negociaciones que mantenga su propio gobierno con los demandantes privados.

La empresa alemana Hochtief tiene un juicio contra la Argentina en el Ciadi, el tribunal del Banco Mundial encargado de resolver disputas entre compañías y Estados, por el incumplimiento del contrato de la sociedad Puentes del Litoral, que tenía desde 1998 la concesión de obra pública por peaje con subvención, la construcción, conservación, mantenimiento, administración y explotación del puente Rosario-Victoria, que une Santa Fe con Entre Ríos. La compañía pide una indemnización superior a los US$ 100 millones. Aunque el tribunal ya falló en contra del país, aún no le puso un número final a la sentencia, lo que debería surgir de un acuerdo entre la empresa y el Estado.

Con el 26%, Hochtief es el accionista mayoritario de un consorcio que también integraban la italiana Impregilo, con un 22% de acciones en forma directa y un 4% a través de Iglys; Roggio (20%), y Sideco Americana (19%), la empresa en la que convergen los negocios de la familia Macri, hoy a cargo sobre todo de los hermanos del Presidente (el principal accionista de esta última es Socma -Sociedades Macri-, dueña del 59,61% del capital). En ese consorcio también estaban Techint (8%) y, con apenas un 1%, Iecsa, la constructora que quedó en manos de Angelo Calcaterra, primo de Macri.

Puentes del Litoral está en proceso de disolución desde el 30 de junio de 2014, trámite a cargo de la Inspección General de Justicia (IGJ).

Con la promulgación de la ley de emergencia económica, tras la crisis de 2001, comenzó un proceso de renegociación del contrato de concesión con el Ministerio de Economía, un trámite que se diluyó por años. En 2013, la empresa presentó una demanda judicial contra el Estado por la rescisión del contrato de concesión. En agosto del año siguiente, la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) declaró la rescisión. Pero el gobierno de...