El difícil trance de la recomposición tarifaria

Entre diciembre de 2001 y fines de 2015, los precios internos se multiplicaron en promedio por 12 y la cotización del dólar, por 15. En ese mismo período, las tarifas del gas domiciliario, la electricidad y el transporte público sólo aumentaron en dosis homeopáticas.

La ecuación económica de las empresas de servicios públicos se deterioró y afectó sus inversiones, a pesar de recibir subsidios estatales de diversas formas, no siempre transparentes ni suficientes. Por ejemplo, las compañías de colectivos reguladas por el gobierno nacional recibían una suma por cada vehículo y combustible a precios inferiores a los del surtidor. El subsidio no era proporcional a la cantidad de pasajeros transportados, como hubiera sido más lógico y controlable. Las empresas distribuidoras de electricidad no recibían compensaciones en forma directa por el aumento de sus costos, sino que el subsidio se transfería a los usuarios a través de un bajo precio de la energía que esas empresas distribuían. Lo mismo ocurría con las distribuidoras de gas, y así podrían seguirse enumerando dislates en el resto de los servicios públicos. Hubo corrupción y retornos y, en definitiva, se privó a las empresas prestatarias de la capacidad económica para hacer mantenimiento e inversiones con el efecto conocido sobre la calidad y la seguridad de los servicios.

Las distorsiones tuvieron, además, otro condimento. Fueron distintas a lo largo del territorio nacional. La región metropolitana, donde habita un tercio del electorado del país, fue la que recibió casi excluyentemente los subsidios del gobierno nacional. Las tarifas en el interior resultaban más elevadas que las aplicadas en la zona más rica del país. La legalidad de estos procedimientos se apoyaba en la declaración de la emergencia económica dictada a comienzos de 2002 con la salida de la convertibilidad y renovada permanentemente.

Durante esos 14 años se aceptaron sólo algunos ajustes de tarifas, pero insignificantes frente al aumento de los costos. Los consumidores recibían facturas que exponían cuánto más habrían tenido que pagar si hubieran vivido en Santa Fe, Montevideo o San Pablo. Tal vez se lo hacía para despertar alivio y el placer de pagar menos, pero lamentablemente estas sensaciones no fueron acumulables como para aceptar ahora mansamente la recuperación de los atrasos. Los subsidios crecieron exponencialmente hasta alcanzar en 2015 un monto anual equivalente a 20.000 millones de dólares. Equivalían a un 4% del...