El Día de la Reelección no tiene inocentes

Martín Insaurralde impuso al oficialismo y a la oposición la estrategia que ideó para garantizar la supervivencia de los intendentes del PJ después de la derrota que el Frente de Todos sufrió en las PASO en todas las secciones electorales de la provincia de Buenos Aires, a excepción de la Tercera. Abarca a los 19 municipios de las zonas sur y este del conurbano. La Matanza, Lomas de Zamora, Quilmes y Almirante Brown son los más relevantes por el número de electores que concentran: dos tercios de los 4,5 millones en esa región.

La modificación a la ley 14.836, que limitaba a una sola vez la reelección de los intendentes, es el principal efecto de su incorporación al gobierno bonaerense como jefe de Gabinete. Una influencia reflejada en los Anticipos del Tesoro Provincial (ATP) distribuidos entre las PASO y las elecciones generales. Los de Juntos recibieron 40 millones de pesos cada uno. Sumados, no equiparan lo percibido por Quilmes (348 millones), Lomas de Zamora (300), Almirante Brown (220), Florencio Varela (200), Berazategui (120) y Ezeiza (100). Una información que la Dirección de Coordinación Municipal del Ministerio de Economía guarda con celo en el sistema de Gestión Electrónica de Documentos (GEDO). Su acceso está restringido a funcionarios autorizados a ingresar con clave. La fuga de estos datos revela el ensamble defectuoso en el gobierno entre los intendentes que lidera Insaurralde y quienes responden a Axel Kicillof . La victoria política obtenida con la modificación a la ley explica el apuro del gobernador en lanzar su reelección una semana antes. Insaurralde podría competirle. Si se divide el monto girado a los municipios de la Tercera por los casi 450 mil votos recuperados en esa sección entre las PASO y las elecciones generales, arroja un valor de cinco mil pesos por cada uno. La tentación de un reparto más igualitario sobrevoló las negociaciones para modificar el artículo 7 de la ley 14.836 que Insaurralde negoció con los intendentes del Pro y de la UCR. Pero será una especulación intangible hasta que sea ejecutado el presupuesto que se sancionó el 28 de diciembre. Sirve, sin embargo, para entender hasta dónde ese cálculo de recursos estuvo supeditado al acuerdo entre los intendentes para avanzar sobre el aparente efecto retroactivo de la ley, asociado al año en que entró en vigencia: 2017. Si es así, no lo habrían atenuado sustituyéndolo por el 2019. Es lógico.

La razón es otra. Tomar a ese año y no a 2015 como referencia...