La devolución del IVA a los jubilados hasta ahora tuvo muy bajo impacto

La devolución del IVA a jubilados y titulares de programas sociales, una de las principales políticas redistributivas del Gobierno, resultó hasta ahora un fracaso.

En ocho meses, el Estado devolvió, por mandato de la ley 27.253, 1002 millones de pesos, muy lejos de los 22.000 millones de pesos anuales que calculó el oficialismo cuando se aprobó la iniciativa, en junio del año pasado. La norma dispone el reintegro de 15 de los 21 puntos porcentuales del IVA, pero sólo en los pagos con tarjeta de débito, en comercios minoristas.

Entre julio de 2016 y febrero de 2017, la devolución mensual nunca llegó al 22 por ciento de beneficiarios potenciales. El récord fue diciembre, con 1.380.700 beneficiados, frente a un universo de 6.291.100 personas, entre jubilados y pensionados que cobran el haber mínimo, y titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de pensiones no contributivas.

Son datos oficiales que el jefe de Gabinete, Marcos Peña, consignó en su último informe ante el Congreso, el miércoles pasado, ante una pregunta del diputado Marco Lavagna, del Frente Renovador.

El equipo de LA NACION data había requerido la información a la AFIP el 6 de febrero, por medio de un pedido de acceso a la información pública, que no fue respondido.

Con menos detalles, el organismo recaudador reconoció los malos resultados el 21 de febrero, cuando lanzó un plan que facilita el acceso a dispositivos de pago electrónico y obliga a comercios, profesionales y monotributistas a aceptar tarjetas de débito, a partir de abril. El débil impacto de la ley responde en gran medida, sostuvieron entonces en la AFIP, a la baja adhesión a los medios electrónicos de pago.

La oposición afirma, en cambio, que la bancarización promovida por la AFIP no bastará para revertir el fracaso de la ley y que los resultados registrados hasta el momento confirman que la norma tenía un objetivo más recaudatorio que redistributivo.

"Es una muestra clara de que cuando una herramienta válida se aplica mal no tiene ningún impacto en la realidad", dijo Lavagna a LA NACION. Coincidió con él, Axel Kicillof: "Durante el debate advertimos que por cómo estaba planteada la ley iba a ser un fracaso".

La norma obligaba al Gobierno no sólo a desarrollar acciones para facilitar a los comercios el acceso a los dispositivos de pago electrónico, lo que se puso en marcha recién el mes pasado.

También le ordenaba, en su artículo 14, realizar campañas de educación y difusión para promover los pagos con...