Detectan posibles conflictos de intereses de 22 funcionarios nacionales

Por denuncias de la oposición, de oficio o por consultas de los propios involucrados, la Oficina Anticorrupción (OA) abrió desde el 10 de diciembre averiguaciones sobre posibles incompatibilidades y conflictos de intereses de 22 funcionarios que provienen, en gran número, de altos cargos empresariales.

El organismo que dirige Laura Alonso no detectó incompatibilidades que impidan a los nuevos funcionarios el ejercicio de sus tareas, pero en cuatro de esas averiguaciones recomendó a los involucrados tomar recaudos para no incurrir en actos ilegales.

Esa determinación tomó respecto de, entre otros, el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay, que antes de asumir su cargo dirigía la consultora APL, de asesoramiento de empresas; de la subsecretaria de Política y Gestión de la Pequeña y Mediana Empresa, Carolina Castro, accionista de una compañía cerealera y de otra de autopartes; del subsecretario de Vínculo Ciudadano de la Jefatura de Gabinete, Guillermo Riera, dueño de la consultora de comunicación G-Digital, y del presidente y de la vicepresidenta de la Unidad de Información Financiera (UIF), Mariano Federici y María Talerico, a los que se les atribuyó haber estado vinculados como abogados, de manera directa o indirecta, a firmas acusadas de lavado de dinero.

A este grupo se suma una serie de expedientes que está en "etapa de prueba". Entre otras, ahí se analizan las situaciones del ministro de Energía, José Aranguren, ex CEO de Shell Argentina y dueño de 16 millones de pesos en acciones de Royal Dutch Shell, la casa matriz de la empresa petrolera, y del secretario de Coordinación Interministerial de la Jefatura de Gabinete, Mario Quintana, ex CEO de Farmacity, una de las empresas que compraron dólares a futuro con el gobierno anterior.

De los casos en los que la OA ya se pronunció, el más importante es el de Federici y Talerico, autoridades del máximo órgano estatal para el combate del lavado de activos. Sus designaciones fueron impugnadas por el Centro de Investigación y Prevención de la Criminalidad Económica (Cipce). Esa entidad, que tiene entre sus directores a Pedro Biscay, nombrado a propuesta de Cristina Kirchner en el directorio del Banco Central, recordó que Federici era consejero externo de una fundación presidida por el abogado Juan Félix Marteau, a quien la ONG señala como defensor del banco Masventas, la entidad que cuenta con más sanciones por parte de la UIF.

Respecto de Talerico, el Cipce destacó que entre sus clientes figura...