Las desvinculaciones en el Estado suman más de 8000 casos

En medio de una nueva ola de despidos, el Gobierno presentará en los próximos días el balance de las desvinculaciones de trabajadores del Estado, que alcanzaron a poco más de 8000 empleados que habían ingresado a la administración pública nacional en los últimos tres años de la gestión de Cristina Kirchner.

Ayer recrudecieron las protestas, con epicentro en el Ministerio de Trabajo, después de que se denunciaron 200 despidos en la cartera laboral, horas antes de que venza el plazo fijado por la Casa Rosada para la primera tanda de cesantías, que termina hoy.

Según adelantaron a LA NACION desde el Ministerio de Modernización que conduce Andrés Ibarra, la cifra total en los primeros tres meses del nuevo gobierno llegará a cerca de 8000 despedidos, una política que continuará con la revisión de otros 40.000 contratos, con lo que las desvinculaciones seguirán durante todo el año, hasta el 31 de diciembre próximo.

Por decreto, la Casa Rosada había fijado en tres meses el límite para evaluar el desempeño de los empleados estatales que habían ingresado desde 2013, fecha en que focalizó esta primera etapa, con desvinculaciones que se concentraron en aquellos empleados que habían accedido a un trabajo en el Estado en los últimos años del kirchnerismo. Según el detalle que dará la semana que viene Ibarra, de esos 8000 trabajadores, un 90% había entrado entre los años 2013 y 2015. El Gobierno no informó cuántos habían sido los nuevos empleados que se habían incorporado a partir de la gestión de Mauricio Macri.

En total, la Casa Rosada puso en la mira 64.000 contratos de trabajadores en situación precaria, es decir, que debían renovar todos los años, en diciembre, sus condiciones laborales. De esa cantidad, 24.000 son los que habían entrado a partir de 2013, de los cuales fueron echados alrededor de 8000, como parte de este primer tramo de despidos. El plan de desvinculaciones seguirá hasta diciembre. El último dato oficial fue de 6196 despidos, pero en los últimos días se sumaron cerca de 2000 más.

El criterio para la poda, según explicaron fuentes oficiales, fue detectar primero a los llamados "ñoquis", que directamente no se presentaban a trabajar, para después revisar a aquellos trabajadores que sí asistían a sus oficinas pero sin tareas asignadas o superpuestas.

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