Derribar al Poder Judicial

El espectáculo se le estropeó otra vez cuando estalló la polémica por el número de muertos en La Plata. Ya antes había perdido cierto encanto cuando, por primera vez, la oposición en bloque le dijo que no a una de sus pocas invitaciones a la Casa de Gobierno.Aunque programada desde antes de las catastróficas inundaciones, las formas y el momento del anuncio de la reforma judicial indican que, como siempre, se buscó un escándalo para tapar otro escándalo. De todos modos, no puede desmerecerse el peligro que encierra esa reforma, que requiere de leyes que irán a un Congreso cuya mayoría, extremadamente disciplinada, está en manos de la Presidenta.El cristinismo suele usar términos del deber ser para convertirlos luego en lo que no debe ser.La "democratización de los medios" terminó con la mayor concentración de medios oficialistas que se recuerde desde los tiempos de Raúl Apold, durante el primer peronismo. Ahora, la "democratización", la "transparencia" y la "legitimidad" de la Justicia (¿quién podría estar en desacuerdo con esas palabras?) esconde el proyecto final del gobierno de derribar el último límite de su monumental poder. En síntesis: la Justicia será kirchnerista o no será.Hablar de falta de "democratización" de la Justicia es un buen discurso para la militancia; es en el fondo, sin embargo, un acto hipócrita o una autoinculpación. El 53 por ciento de los actuales jueces fueron designados por Cristina Kirchner; el 40 por ciento del 47 restante deberá nombrarlos ella. El supuesto inmovilismo de la Justicia significa otro conflicto con la verdad. Ya hubo tres Cortes Supremas desde el advenimiento de la democracia, en 1983. La primera fue nombrada por Raúl Alfonsín, que luego fue relevada casi totalmente por Carlos Menem (con las excepciones de Enrique Petracchi y Carlos Fayt) para nombrar una propia. La Corte menemista cayó no bien asumió Néstor Kirchner, quien nombró a los actuales miembros del cuerpo, del que todavía forman parte sólo Petracchi y Fayt, dos jueces con prestigio como profesionales del derecho.Dos medidas anunciadas ayer significan los mayores peligros para la devaluada democracia argentina. Una es la que propone la limitación de las medidas cautelares. Esas decisiones judiciales, que existen en todos los países con un fuerte sistema democrático, sirven precisamente para salvar de la pérdida irreparable a ciudadanos afectados por el Estado o por privados. Detienen el efecto de las decisiones cuestionadas hasta que concluya el juicio...