¿Qué derechos tienen los peores criminales?

Cada vez con mayor frecuencia nuestras autoridades se ven enfrentadas a preguntas difíciles sobre la Justicia y los derechos de los condenados por los peores delitos: ¿Los responsables por las más graves violaciones de derechos humanos deberían acceder a la libertad condicional tal como el resto de los reclusos? ¿Deberían permanecer en prisión, incluso, si padecen graves enfermedades?El debate se ha dado recientemente con mucha fuerza en Perú. A fines del año pasado, el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski concedió un "indulto humanitario" al expresidente Alberto Fujimori, quien cumplía una pena de 25 años de por ejecuciones extrajudiciales, secuestros y desapariciones forzadas. Kucyznski sostuvo que la liberación se concedía para proteger la salud de Fujimori. Lo cierto es que se trató de una transacción política para evitar la destitución de Kucyznski.Horas después del indulto, el abogado de Abimael Guzmán, líder de Sendero Luminoso -organización que durante décadas aterrorizó a los peruanos-, pidió que también liberaran a su cliente. Y hace pocos días, un magistrado de la Corte Suprema revocó el indulto a Fujimori por considerar que violaba los derechos de las víctimas.El debate también se da, aunque de forma soterrada, hace algunos años en la Argentina y Chile, donde envejecen en prisión militares condenados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante las brutales dictaduras de la década de 1970.En la Argentina, por ejemplo, las estadísticas oficiales indican que 117 personas mayores de 70 años están presas -la mayoría en prisión preventiva- por causas penales vinculadas con atrocidades de la dictadura. El Código Penal argentino faculta a los jueces a conceder la detención domiciliaria a que quienes superen esa edad.En Chile, el debate se reabrió a fines de julio cuando la Corte Suprema otorgó la libertad condicional a cinco agentes de seguridad condenados por graves abusos cometidos durante la dictadura de Pinochet. La Corte consideró que los detenidos calificaban para la libertad condicional según la legislación vigente, que incluye haber cumplido, al menos, la mitad de la condena. Para muchos, esa decisión burlaba los derechos de las víctimas. Un grupo de parlamentarios intentó destituir a los tres jueces de la Corte que fallaron a favor de la libertad condicional.Al margen de las consideraciones fácticas y jurídicas de cada caso, la discusión pone de manifiesto valores universales que son fundamentales para la protección y...