Derechos humanos, dinero, poder y corrupción

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Mauricio Macri, propuso terminar con "el curro" asociado a la política de derechos humanos de la era kirchnerista. El candidato presidencial Sergio Massa invitó a "cerrar bien una etapa de los derechos humanos y abrir otra nueva". Julio César Strassera, ex fiscal del juicio a las juntas militares, "aplaudió" lo que dijo Macri reconociendo la existencia de abusos y también Graciela Fernández Meijide, ex legisladora y madre de un desaparecido, puso distancia entre sus principios éticos y los escandalosos negociados del programa Sueños Compartidos, llevado a cabo por la Fundación Madres de Plaza de Mayo y el gobierno kirchnerista.

El juez de la Corte Suprema, Raúl Zaffaroni, respondió a Macri y a Massa, invitándolos a confrontar ideológicamente, pues aquellas expresiones implicarían "ideologías inhumanas". En cambio, el flamante secretario general de la Presidencia, Aníbal Fernández, descalificó a Massa, tratándolo de "bruto e ignorante", y a Macri, tildándolo de ser "una bestia".

Hablar de derechos humanos es hablar de valores supremos de la condición humana. Lograr su efectiva vigencia, en todo el planeta, es el mayor desafío que pueden plantearse las naciones. La otra cara de la moneda es que toda política de derechos humanos debe ser administrada en forma límpida e intachable.

En la Argentina, el debate sobre derechos humanos se ha centrado en los crueles episodios de subversión y la represión consiguiente, ocurridos en los años setenta, olvidándose de que también configuran valores para la reconciliación y el esfuerzo colectivo hacia el futuro.

La Corte Suprema estableció que sólo son delitos de lesa humanidad aquellos cometidos por organismos del Estado a través de una política sistemática que vulnere derechos de la sociedad civil o de un grupo determinado de ésta. Tal definición restrictiva, que sólo incluye la violencia ejercida por acción estatal, se diferencia de la doctrina internacional y excluye a los terroristas de su alcance (beneficiándolos con la prescripción, entre otros muchos principios del derecho penal) y también a sus víctimas inocentes, quienes no pueden acogerse a las leyes de reparación.

Es tan grave la responsabilidad que se atribuye al Estado por el uso abusivo de su poder en materia de "lesa humanidad", que simétricamente debería ser gravísima la sanción por desvirtuar esa potente herramienta institucional, en provecho de fines subalternos. Investigar eventuales...