Sentencia de CAMARA FEDERAL DE GENERAL ROCA - SECRETARIA PENAL, 8 de Mayo de 2019, expediente FGR 000900/2017/CA003

• Fecha de Resolución: 8 de Mayo de 2019
• Emisor: CAMARA FEDERAL DE GENERAL ROCA - SECRETARIA PENAL

Poder Judicial de la Nación Cámara Federal de Apelaciones de General Roca General Roca, 08 de mayo de 2019.

VISTOS:

Estos autos caratulados “TC INGENIERIA S.A –

CARNEVALE, T.A. –C., A. sobre Infracción Ley 24.769” (Expte. N° FGR 900/2017/CA1)), venidos del Juzgado Federal de General Roca; y, CONSIDERANDO:

1. Llegan las actuaciones a esta vocalía para resolver el recurso de apelación articulado a fs.209/211 por el defensor particular que asiste a A.C. y a T.A.C. contra el auto de fs.202/203 que, en lo que aquí interesa, rechazó el pedido de probation oportunamente efectuado por esa parte.

2. Sostuvo el apelante que la decisión del a quo carecía de motivación suficiente por lo que la calificó de arbitraria e indicó que contenía una errónea aplicación de la ley en función de la prueba producida.

   Luego, tras formular consideraciones generales acerca de lo que esperaba de un magistrado, insistió en que la ley 26.735 era arbitraria, injusta y violatoria del principio de igualdad. Sobre la respuesta brindada al planteo de inconstitucionalidad formulado por esa parte cuestionó que se considerase la opinión de la querella y en cuanto al ofrecimiento de un bien a embargo a fin de que se sustituyese la medida de inhibición general de bienes ordenada por el a quo afirmó que no fue tratado y que el sostenimiento de la presente situación los había transformado en rehenes en materia comercial, toda vez que querían pagar pero no podían hacerlo en virtud de las cautelares, afectándose en forma clara y directa el derecho de propiedad (art.17 de la CN).

   Hizo reserva del caso federal.

   Fecha de firma: 08/05/2019 Alta en sistema: 09/05/2019 Firmado por: R.F.G., JUEZ DE CAMARA Firmado(ante mi) por: MARIA FEDRA GIOVENALI, SECRETARIA DE CAMARA —1—

   29426620#226648242#20190508102115029 3. Ya en la instancia e impreso al recurso al trámite de la Ac.15-S/09, sólo se presentó la parte querellante AFIP-DGI a fs.220/221vta., oportunidad en la que señaló que la suspensión de juicio a prueba no resultaba aplicable en materia de ilícitos previstos en la ley 24.769, ello en función de la modificación introducida por el art.19 de la ley 26.735, la que resultaba vigente y aplicable a los hechos por los cuales habían sido procesados A. y T.C.. Además, refirió que los nombrados se habían limitado a formular en abstracto un planteo de inconstitucionalidad de dicha normativa “sin expresar ni desarrollar en concreto los agravios que le produce la norma en particular” y en cuanto al incumplimiento de los extremos legales previstos para reparar el daño causado (art.76 bis del CP) indicó que el ofrecimiento de reparación no se ajustó a la citada normativa, dado que levantar medidas cautelares dictadas en el marco de juicios ejecutivos de cobro de deudas tributaria, importaba incrementar el riesgo de incobrabilidad de los créditos cautelados en cada uno de los procesos en los que fueron dictados.

   A lo que añadió que dicha reparación del daño en modo alguno constituía una pauta...