Otra denuncia contra el interventor del PAMI, esta vez por malversación de fondos

con el ejercicio de la función pública y supuesto enriquecimiento ilícito son algunos de los delitos que la legisladora porteña Graciela Ocaña y el diputado nacional Adrián Pérez le imputarán al interventor en el , Luciano Di Césare, en una denuncia que presentarán ante la Justicia.

Según anticiparon a LA NACION, ambos la harán efectiva pasado mañana cuando reabran los tribunales y antes de la feria judicial. Pedirán investigar obras inconclusas, el pago de alquileres sospechosos y hasta el intento de compra de un televisor de última generación de 80 pulgadas para la oficina de Di Césare.

En la presentación, Ocaña y Pérez dan cuenta de irregularidades graves. Una de ellas tiene como protagonista al Centro de Promoción, Prevención y Rehabilitación Alicia Moreau de Justo. En 2011, el instituto le adjudicó a la empresa Niro Construcciones las obras de refacción y remodelación. Pero, "pese al cumplimiento contractual del PAMI -según la imputación de Ocaña y Pérez-, las obras se encuentran en total abandono". Tenía como plazo para su finalización el 1° de octubre de 2013.

Lo mismo ocurre con el inmueble de Avenida de Mayo 801, donde funcionaban diversas áreas estratégicas del PAMI, como prestaciones médicas y geriátricas. En la denuncia se indica que, a través de la resolución 371/2013, se adjudicó nuevamente a la firma Niro Construcciones la obra por unos $ 31 millones. Al igual que en el centro Alicia Moreau de Justo, las obras estarían paralizadas.

"Los hechos demostrarían un patrón habitual en las modalidades de contratación de obra por parte del instituto, que se repite, también, en el caso de los hospitales del Bicentenario. Incumplimiento de los plazos de ejecución y constantes readecuaciones de precios. Las obras no avanzan, pero se pagan. Un negocio genial para nuestros jubilados. Se dilapidan los fondos públicos que pertenecen a los afiliados y se resienten las prestaciones", dicen Ocaña y Pérez en el escrito, al que obtuvo acceso LA NACION.

Otro de los aspectos que involucran al interventor se relaciona con el pago de alquileres. Mediante la resolución 134/2013, Di Césare autorizó el alquiler de un inmueble en la avenida España, de la ciudad de Mendoza, que se utiliza como sede de la representación oficial del Inssjp; el alquiler costó $ 2.906.904 por un plazo de 36 meses. Además, alquiló otro inmueble en la capital mendocina, en la calle Belgrano, por $ 7.521.360, por el mismo plazo.

Las contrataciones se habrían realizado porque la...