Denuncia a Edesur: una receta que muestra la debilidad del Gobierno

El caso Edesur es, quizás, una de las manifestaciones más claras del fracaso en infraestructura que puede mostrar la Argentina desde la caída de la convertibilidad . Pasaron más de 20 años, y jamás se avanzó en un esquema regulatorio estable y confiable después de que aquellos firmados en los años 90 terminaran estallados cuando la ecuación "un peso es igual a un dólar" se derrumbó.

No solo eso. Muestra, también, la debilidad política de un Gobierno que no puede hacer uso de las herramientas que tiene si efectivamente quiere retirarle la concesión a la empresa.

Hace pocas horas, y tras varios días de cortes de electricidad en el área metropolitana, la Secretaría de Energía instruyó al ENRE a que presente una denuncia penal contra el directorio de Edesur por malversación, fraude en perjuicio de la administración pública y abandono de persona .

Vale la pena detenerse en la medida que decidió el Gobierno y que rememora los intentos fallidos que también hizo para estatizar Vicentin, o para lograr la nulidad del contrato en el caso de Autopistas del Sol y del Oeste. Con la arremetida contra Edesur se suma un tercer caso. Y si bien todos tiene concepciones jurídicas distintas, presentan un denominador común: la debilidad del Gobierno y la desorientación respecto de cómo resolver cuestiones concretas.

Esta vez, el camino elegido contra Edesur no puede ser más indirecto y, a la vez, más contradictorio. En principio, pues parece toda una paradoja que un Gobierno defina que sea la Justicia quien defina la conducta de una empresa, y de sus ejecutivos, cuando desde el Poder Ejecutivo tienen todas las herramientas administrativas para avanzar con la rescisión del contrato , si eso es lo que cree necesario. Algo más: la Casa Rosada, y en particular el presidente Alberto Fernández, han hecho de la denostación de la Justicia una bandera. Claro que la vara no es la misma: cuando los magistrados intervienen en temas que rozan al kirchnerismo, pues son un partido judicial. Sin embargo, cuando se necesita que resuelvan problemas ajenos, pues que se sometan a esa jurisdicción.

El punto es que el Estado es el concedente de un servicio público, y si hubiese incumplimiento, pues la botonera de su manejo tiene un panel para desconectar una concesionaria . Solo es necesaria una cosa: probar el incumplimiento contractual que motive la decisión administrativa. No solo eso. Además de ser quien otorga la concesión, maneja al regulador (la Secretaría de Energía) y al contralor (el Ente Nacional Regulador de la Electricidad). Pero no hay caso, que sea la Justicia la que decida.

Ahora bien, llegado el caso que esta descomunal maniobra de distracción que encabeza el Presidente, su secretaria de Energía, Flavia Royón, y el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) avance en...