'Democratizar' la Justicia es politizarla

Las medidas anunciadas a comienzos de marzo por el Gobierno, tendientes, según se afirmó, a "democratizar" la Justicia, se fundan en sostener que hoy la Justicia es, entre otros cosas, "corporativa". Conforme a eso, la Justicia sería corrupta, ya que no aplicaría la ley, sino que prevalecerían los intereses de determinadas corporaciones (léase coimas, influencias, aprietes de empresas).

Tal imputación no se ha fundado en datos ciertos y concretos que la avalen, con independencia del disgusto que al Poder Ejecutivo le hayan causado o le puedan causar determinadas decisiones judiciales.

Por cierto, desde la doctrina -y también, en casos resonantes, desde la opinión pública- hay críticas a errores cometidos en sentencias, pero esa mirada objetiva sobre ellos no supone que respondan a pactos espurios con determinadas "corporaciones". Por otra parte, las críticas serias, objetivas y fundadas contribuyen a la mejor interpretación y aplicación del derecho, es decir, a su evolución. Eso sin perjuicio de que en ocasiones, tratándose de un "error" demasiado grave del fallo, absolutamente infundado e insostenible, se sospeche que hubo un interés particular del juez que lo llevó a resolver de ese modo, lo que puede dar lugar al proceso respectivo.

Todo esto, sin perjuicio de la llamativa y lamentable inclinación de algún juez penal que sobresee o congela causas abiertas contra altos funcionarios cuando los indicios y pruebas exigirían tal vez su procesamiento.

En cuanto a la actual Corte Suprema, está integrada por jueces cuyo desempeño en el cargo es incuestionable: tres designados con anterioridad al gobierno kirchnerista y cuatro designados por el presidente Kirchner. No hay contra su alta y valiosa labor judicial una crítica seria y objetiva, es decir, desprovista del encono que, en ocasiones, suscita perder un pleito. Y sonaría ridículo que alguien se atreviera a sostener que esta Corte falla de acuerdo con intereses de determinadas "corporaciones".

La actual campaña oficial que propone que los jueces y los abogados integrantes del Consejo de la Magistratura sean elegidos en comicios generales, y ya no designados como hasta ahora por los jueces en ejercicio y por los abogados de la matrícula, pasa por alto que, conforme al artículo 114 de la Constitución Nacional, los abogados y jueces que integran el Consejo son representantes "de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal". De manera que por un principio...