La Defensoría del Pueblo lleva ocho años acéfala y el Congreso dilata una definición

Ni la presión del Poder Judicial, de organizaciones de la sociedad civil y de organismos internacionales de derechos humanos parece despertar la voluntad política de los integrantes del Congreso de cumplir con el mandato constitucional de designar un defensor del pueblo de la Nación. El cargo está vacante desde hace más de ocho años, desde la renuncia de Eduardo Mondino, el 23 de abril de 2009.

A más de un año de los fallos judiciales (uno de ellos de la Corte Suprema) que exhortaron al Congreso a que resuelva la faltante, la Comisión Bicameral de la Defensoría del Pueblo no propuso una lista de candidatos.

"Que nadie haya ocupado el cargo implica que no exista un funcionario con una misión constitucional tan trascendente y legitimación constitucional y legal para acciones de resguardo de derechos de incidencia colectiva", explicó a LA NACION Carlos Tambussi, abogado y profesor de la Facultad de Derecho de la UBA.

"La acefalía implica en la práctica una parálisis en casos fundamentales para la vigencia de los derechos humanos" es la frase que se repite en cada reclamo de las organizaciones de la sociedad civil. Según informes, la Defensoría no inicia desde 2012 acción alguna ni participa en calidad de amicus curiae o como tercero en ningún juicio. No porque no quiera, sino porque no puede.

Por su parte, la Defensoría defiende su rol. "Somos una Defensoría profesional y apartidaria que cumple con los fines que marca la ley, la Constitución y el derecho convencional. No tenemos ningún problema de funcionamiento, con la sola salvedad de la falta de legitimación procesal", afirmó a LA NACION Juan José Böckel, subsecretario y titular del organismo.

La selección del defensor del pueblo enfrenta un problema y un prejuicio: la Constitución estableció una mayoría agravada para su designación y el funcionario elegido debe "defender y proteger los derechos humanos ante hechos, actos u omisiones de la administración". Por ello, hay quienes ven al defensor como alguien que podría "entorpecer" el normal funcionamiento de la administración pública.

"Hay que terminar con un mito que está muy instalado en algunos dirigentes políticos. El defensor del pueblo no es una persona que traba la gestión de gobierno, es un organismo de la Constitución que tiene como rol fundamental buscar ámbitos de acuerdos donde hay conflictos", dijo a LA NACION Alejandro Amor, defensor del pueblo porteño y actual candidato a dar el salto a defensor de la Nación.

El año pasado se...