Decreto 406 de 22 de Marzo de 2005

La Plata, 22 de marzo de 2005

Visto: la necesidad de promover las condiciones que tornen efectivos los derechos y salvaguardas de quienes han resultado víctimas del delito en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, el derecho a reclamar ante los tribunales penales, a la igualdad, a la defensa en juicio, a la tutela judicial efectiva del interés lesionado por el delito -artículos 11 y 15 de la Constitución Provincial, y

CONSIDERANDO:

Que deviene imprescindible generar instrumentos que faciliten el acceso a la justicia, para lo cual es preciso determinar el alcance y contenido del derecho a la asistencia jurídica gratuita que establece el artículo 15 de la Constitución de esta Provincia;Que no obstante la legislación procesal local ha reconocido a las víctimas del delito, derechos y facultades que le garanticen la debida protección y la alejen de la situación de marginación y olvido a la que se ha visto relegada desde tiempos inmemoriales;

Que la experiencia colectada por la labor que realiza el Centro de Protección de los Derechos de la Víctima, dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia, en su primer año de gestión, ha verificado que pese a los derechos plasmados en la normativa vigente, en la práctica cotidiana quien resulta afectado por el delito, aún se ve relegado en el momento de intervenir en el desarrollo del proceso, entre otras circunstancias, por carecer de recursos que le permitan contar con asistencia letrada;

Que reafirmando la voluntad expresada al dictar el Decreto 332/04 de creación del Centro de Protección de los Derechos de la Víctima y la Comisión de Participación Ciudadana, en el cual se afirma que resulta interés primordial del Estado, ante la existencia de hechos delictivos, brindar asistencia, protección y contención a quienes los padecen, a través de políticas orientadas en ese sentido, se hace necesario dar continuidad a acciones destinadas a honrar los compromisos asumidos;

Que se considera relevante la concurrencia equilibrada de Organismos de la Administración Central vinculados a la problemática, conformando una Mesa que tenga por objeto optimizar los recursos disponibles y agilizar instancias de interacción con los operadores del sistema penal, a fin de satisfacer las demandas de acceso a la justicia de quienes carecen de medios económicos;

Que ha tomado la intervención de su competencia la Asesoría General de Gobierno;

Que el...