Declaración de bienes, un drama para ciertos funcionarios

Pasa el tiempo y las declaraciones juradas de bienes de los funcionarios siguen siendo un problema insalvable para muchos de ellos, a tal punto que abundan quienes prefieren no presentarlas y afrontar las consecuencias.

En la actualidad, suman 47.329 los funcionarios jerárquicos del gobierno nacional y los ex funcionarios de la anterior administración -éstos deben presentar el informe de baja de la función- que se encuentran obligados a cumplir con esa formalidad en la Oficina Anticorrupción (OA).

Pero aunque el plazo inicial había vencido el 30 de mayo pasado, hasta hace un mes había 3683 funcionarios y ex funcionarios de la administración nacional que no habían cumplido con su obligación, y por ese motivo 93 de ellos fueron sancionados con la retención del 20% de sus sueldos.

En julio pasado, los incumplidores sumaban el doble, por lo cual la titular de la OA, Laura Alonso, envió una nota a todos los ministros con copia al Presidente para solicitarles que insten a sus subordinados a llenar los formularios y presentarlos. Los sancionados con el descuento pertenecen al Pami, la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, los ministerios de Trabajo y de Ambiente y siete universidades nacionales.

Ocurre que hay funcionarios que no han tomado conciencia de que el cumplimiento de ese trámite no consiste en una cortesía de su parte, sino en una obligación ineludible. Por eso es que la sanción del descuento en el salario resulta insuficiente y hasta risible, cuando vemos que hay funcionarios que prefieren esa quita con tal de eludir su obligación legal.

Es más que sugestivo que dos gremios hayan presentado amparos ante jueces en lo contencioso administrativo, acusando al Gobierno de violar la ley cuando la OA y el Ministerio de Modernización difundieron las declaraciones juradas en un portal de datos. Se trata del poderoso Sindicato Único de Personal de Aduanas (Supara) y la Unión de Personal Superior de la Administración Federal de Ingresos Públicos.

Más graves fueron las consecuencias de la orden que impartió la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, para que subcomisarios y comisarios presenten declaraciones juradas de bienes. Hubo 154 oficiales de esas jerarquías que se negaron a hacerlo.

Una larga y muy sugestiva lista de políticos que tuvieron serios tropiezos con sus declaraciones confirma que se trata de un tema sumamente sensible. El ex presidente Carlos Menem fue uno de ellos, y también Néstor y Cristina Kirchner, a quienes el...