Debate en el Gobierno por un proyecto de ley para atraer inversiones

La redacción de un proyecto de ley para atraer inversiones en infraestructura despertó una discusión interna en el que comenzó hace aproximadamente dos meses y posiblemente se termine saldando en los avatares del trámite legislativo y la reglamentación de la norma.

En las próximas horas, el presidente Mauricio Macri enviará al un texto de 14 páginas para establecer un nuevo marco asociativo en el país, con el que espera atraer inversiones por US$ 5000 millones en el primer año y más de US$ 30.000 millones en lo que le queda de mandato.

El anteproyecto, que da origen a los contratos de participación público privada (PPP, según su identificación habitual), otorga nuevas garantías a quienes se asocien con el Estado para financiar rutas, hospitales, obras de energía o desarrollos tecnológicos, entre otras alternativas. Pero algunos sectores dentro del propio Gobierno consideran que es una propuesta algo tibia para convencer al mundo de poner dinero en un país que hace 15 años rompió los contratos con muchas de las grandes compañías extranjeras que se habían endeudado para hacer obras domésticas.

"Se buscó hacer un proyecto de ley equilibrado, ni estatista ni privatizador. Con esto no estarán contentos ni los primeros ni quienes quieren someter todo al derecho privado", explicó a LA NACION Ezequiel Cassagne, que dirigió su elaboración. Sostiene que el texto tiene el visto bueno de la Corporación Andina de Fomento (CAF) y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), organismos internacionales que financian esa clase de proyectos.

El espíritu del anteproyecto, según apuntó un funcionario que trabaja en la Casa Rosada, establece que la resolución de futuros conflictos con inversores que entren dentro del régimen se hará con legislación local, aunque admite su tratamiento en tribunales internacionales.

Un colaborador directo del equipo aseguró que, a cambio de dirimir el conflicto en la justicia local, el Estado se compromete a respetar esos fallos sin apelación.

En los años 90, la administración de Carlos Menem firmó acuerdos bilaterales de protección recíproca de inversiones con países cuyas empresas luego le reclamaron a la Argentina por el incumplimiento del contrato en el Ciadi, el organismo del Banco Mundial encargado de resolver disputas entre privados y Estados. Ahora, la apuesta de Macri va más lejos, porque intenta admitir ese derecho a través de una ley.

El texto que vio LA NACION sostiene que para las controversias que eventualmente...