El Gobierno daría marcha atrás en su intento de controlar las obras sociales

No es la primera vez que Liliana Korenfeld, superintendenta de Servicios de Salud, debe salir a contener la furia de los sindicalistas. Esta vez la tensión no se avivó por el retraso en el reparto de los fondos. La funcionaria santacruceña convocó ayer de urgencia a los gremios que le otorgó recientemente al Estado un poder de veto sobre los contratos de las obras sociales con sus prestadores.Por temor a que se engendre una batalla con la CGT, paños fríos. El primer paso fue reconocer por teléfono ante un jerárquico de la CGT que el Gobierno no tiene intenciones de modificar el sistema de salud ni de apoderarse de las recaudaciones de sus obras sociales. Se lo explicaría hoy cara a cara al jefe de la CGT oficialista, Antonio Caló, al estatal José Luis Lingeri y al taxista Omar Viviani. Tal vez se sume a la reunión el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, porque los gremialistas reclamaron la presencia de otro funcionario de rango ante los reiterados tironeos con Korenfeld.El segundo argumento que ofreció Korenfeld fue más técnico. No lo expuso ella en persona, sino que lo hizo su equipo de asesores ante los apoderados de las obras sociales. La Superintendencia de Servicios de la Salud (SSS) les habría dicho a los gremios que la resolución rige únicamente para las prepagas privadas, según confiaron anoche dos dirigentes de peso de la CGT."Nos dijo que hubo un error y que se iba a cambiar, que se iba a dar marcha atrás", reprodujo un sindicalista ante sus compañeros la charla que había tenido con Korenfeld. Otro dirigente, mucho más escéptico, le respondió: "Hasta que no deroguen la resolución, el contenido seguirá latente. Cuando se tiene que explicar lo que está escrito es porque está mal escrito. La intención era cagarnos y quedó claro".En la CGT de Caló hierven las especulaciones y las sospechas sobre la verdadera intención del Gobierno con las obras sociales. Los equipos de abogados de los sindicatos agrupados en la central oficialista presentarán hoy en la SSS "un recurso de reconsideración contra la resolución 601". Es decir, advertirán que están dispuestos a dar batalla en los Tribunales, tal como publicó LA NACION hace tres días."Afecta derechos subjetivos e intereses legítimos y contraría expresamente derechos y garantías de la Constitución nacional, configurando un acto administrativo de nulidad absoluta", dice un fragmento del documento, que llegará hoy a manos de Korenfeld.Y se agrega: "Se ve restringido arbitrariamente su derecho de...