Daños y Perjuicios: Responsabilidad del Estado: falta de servicio; existencia; determinación; normas aplicables

• Autor: Julio Conte-Grand
• Páginas: 226-235

JURISPRUDENCIA226

6º) Que, finalmente, toca abordar el agravio de

fs. 69 relativo a que el sentenciante admitió sin

fundamentos la contracautela de caución perso-

nal ofrecida por los patrocinantes de la actora.

Al respecto, debe puntualizarse que el Código

Procesal Civil y Comercial (art. 199) ha acordado

al juez la facultad de graduar la contracautela sin

establecer directivas especiales más allá de la ne-

cesidad de atender a la mayor o menor verosimi-

litud del derecho y las circunstancias del caso, en

orden a resguardar la eventu al responsabilid ad

por una medida obtenida sin derecho, con abuso

o con exceso.

Ahora bien, el fallo en crisis expresó con res-

pecto a esta cuestión que con “la caución personal

prestada por el accionante se tiene por cumplida

la contracautela, teniendo presente los fines u ob-

jetivos impuestos a la entidad actora en su esta-

tuto” (én fasis añadido). De lo transcrip to surge

que el magistrado efectuó una ponderación de la

proporcionalidad de la caución atendiendo al ob-

jeto y finalidad de la actividad del Comité de De-

fensa del Consumidor, que el Tribunal considera

razonable, sin que, por lo demás, se advierta que

la intervención de autos le irrogue al recurrente un

daño cuantificable que sea necesario garantizar.

Asimismo, debe tenerse en cuenta que el ob-

jeto de la cautelar no se asienta sobre ningún bien

patrimonial, de modo que resulta innecesario con-

dicionar su efectivización a la existenc ia de

bienes de tal carácter.

7º) Que sólo resta puntualizar que lo resuelto

no importa pr ejuzgamiento sobre el fondo del

asunto, cosa que tampoco implicó el fallo en cri-

sis, puesto que la suspensión en la aplicación de

los artículos analizados de la ley 26.522 no equi-

vale a la declaración de inconstitucionalidad y es

sin perjui cio de lo que resulte de las probanzas

que oportunamente puedan acompañarse en le ex-

pediente principal. Es que, al tratarse de juicios

provisionales, lo decidido en una medida caute-

lar no importa un anticipo de criterio con relación

a la cuestión de fondo (CSJN, 26-4-88, ED 129-

326; SC Mendoza, 30-6-62, Rep. LL XXV-1455,

nº 62; CNCiv., Sala C, 29-6-85, ED, 115-468; íd.,

Sala E, 21-8-69, ED, 29-410), máxime si como

tiene dicho el Alto Tribunal en un reciente fallo

“no se encuentra demostrado, con el rigor nece-

sario en estos casos, que el mantenimi ento del

pronuciamient o que s e ataca pueda paralizar u

obstaculizar la aplicación de disposiciones de ca-

rácter general por parte de la autoridad adminis-

trativa recurrente” (CS, 15/3/11, en autos “Radio

y Televisión Trenque Lauquen S.A. – Inc. Compe -

tencia– c/ E.N. s/ medida cautelar –autónoma–”,

La Ley 01/04/2011, 01/04/2011, 7 - Sup. Adm.

2011 (mayo), 38 - DJ 11/05/2011, 30) tal y como

acaece con el contenido de esta decisión.

Por todo ello, se resuelve:

I) Hacer lugar al r ecurso de apelac ión dedu-

cido por el Estado Nacional y, en consecuencia,

dejar sin efecto la medida cautelar dispuesta res-

pecto de los arts. 45, apartado 1, subapartado “b”,

1º parte (límite de licencias); 62, 63, apartados “a”

y “c”; 64; 65; y 161 de la ley de Servicios de Co-

municación Audiovisual.

II) Rechazar el recurso de apelación deducido

por el Estado Nacional y, por ende, confirmar la

medida cautelar decretada por el a quo respecto

del art. 45, apartado 1: subapartado “b”, 2º parte

(límite al registro de una señal de contenidos) y

subapartado “c” y, en lo relativo al servicio de

suscripción por vínculo físico, el último párrafo

del apartado 1, y apartado 3: subapartados “a” y

“b” de la mencionada ley.

III) Rechazar la impugnación del Estado Na-

cional en lo relativo a la contracautela, según los

motivos que surgen del Considerando 6º.

IV) Imponer las costas por el orden causado, al

haber vencimientos recíprocos (art. 71, CPCCN) y

dada la complejidad de la cuestión debatida (art.

68, 2º parte, del citado cuerpo legal).

V) Regístres e, notifíquese y, oportun amente,

devuélvase al Juzgado Federal Nº 2. No suscribe

la presente el Dr. Roberto Loutayf Ranea por en-

contrarse en uso de licencia. – Renato Rabbi

Baldi Cabanillas. – Jorge L. Villada (Sec.: Ma-

riana Catalano).

Daños y Perjuicios:

Responsabilidad del Estado: falta de

servicio; existencia; determinación;

normas aplicables.

1 – La determinación de la existencia de una falta de

servicio, en tanto violación o anormalidad frente a

las obligaciones del servicio regular, sea por ac-