Cuanta más información, mejor democracia

El proyecto de ley de acceso a la información pública, que ayer obtuvo dictamen de mayoría con disidencias parciales en comisiones de Diputados, no sólo aspira a saldar una antigua deuda de la democracia argentina, sino que también viene a poner al alcance de los ciudadanos un derecho que les ha sido negado durante demasiado tiempo. Basta con recordar que son 13 los países de América latina en los que ya rige la ley, mientras que la Argentina comparte en soledad un triste podio junto con Bolivia y Venezuela. El proyecto cuenta esta vez con una amplia participación de organizaciones de la sociedad civil, los medios, la ciencia, el derecho y la política. Lo presentó el presidente Mauricio Macri en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno: fue un gesto destacable que reafirma la necesidad de contar, de una buena vez, con una herramienta fundamental para la lucha contra la corrupción y el control ciudadano de los actos públicos, y que permita ser la puerta de acceso a otros derechos fundamentales.

Los intentos previos de aprobar una ley de ese tipo se remontan a 2001, cuando la Oficina Anticorrupción elaboró un proyecto que fue enviado al Congreso por el entonces presidente Eduardo Duhalde. Las disidencias entre el oficialismo y la oposición frustraron la iniciativa. Otro intento ocurrió, en diciembre de 2003, a poco de asumir Néstor Kirchner la presidencia, cuando firmó el decreto de acceso a la información pública, aplicable sólo al Poder Ejecutivo y las instituciones que dependen de él. Los resultados fueron un desconcertante fracaso. Si bien hubo muchos pedidos a diversos organismos, las respuestas oficiales fueron escasas, parciales, tardías, y, en la mayoría de los casos, ni siquiera se brindó información. Tanta desprolijidad y falta de entusiasmo obligó a la Corte Suprema de Justicia a intervenir: condenó al Estado en cinco fallos por no cumplir con ese decreto y exigió además a varios organismos oficiales transparentar y entregar la información requerida.

El texto actual se nutre de -y rescata- múltiples antecedentes parlamentarios presentados en los últimos 15 años por legisladores de distintas fuerzas políticas. De hecho, el dictamen de mayoría que acaba de ser aprobado en las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Presupuesto y Hacienda de Diputados, contó con la firma de los legisladores de Cambiemos y de los de la mayor parte del arco opositor, incluyendo al kirchnerismo y al peronismo disidente. Su tratamiento en el recinto...