Sentencia Definitiva de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 14 de Octubre de 2009, expediente L 84498

• Presidente: Soria-Pettigiani-Negri-de Lázzari-Kogan-Domínguez-Piombo
• Fecha de Resolución: 14 de Octubre de 2009
• Emisor: SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA

A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, a 14 deoctubrede 2009, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctoresS.,P.,N.,de L., K., D., P.,se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 84.498, ". ,A. y otros contra Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires. Indemnización por accidente de trabajo".

A N T E C E D E N T E S

El Tribunal del Trabajo N° 1 de Bahía Blanca acogió parcialmente la demanda deducida porA.C. y otros contra el Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires, con costas a la demandada.

La parte actora dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.

Dictada la providencia de autos y hallándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte decidió plantear y votar la siguiente

C U E S T I O N

¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?

V O T A C I O N

A la cuestión planteada, el señor J.d.S. dijo:

1. Los actores, agentes del Servicio Penitenciario de la Provincia de Buenos Aires, demandaron el cobro de indemnización por enfermedad accidente del trabajo en los términos de la ley 24.028.

   Relataron las tareas y esfuerzos que realizaban en cumplimiento de sus funciones de vigilancia y asistencia de los internos, y especialmente, las circunstancias acaecidas en diciembre de 1993 (motín) donde fueron tomados como rehenes por los reclusos.Durante el transcurso de la revuelta, dicen haber sufrido amenazas de muerte y agresiones quedando, hacia su finalización luego de seis días de traumático cautiverio, física y psíquicamente afectados. Señalaron que no pudieron recuperarse plenamente de los trastornos psicofísicos que sufrieron, y que, por carecer de los datos necesarios para el íntegro reclamo, dedujeron la demanda al sólo efecto interruptivo (fs. 229/236). A fs. 376/380 la ampliaron y concretaron el reclamo de indemnización por incapacidad laborativa total en los términos del art. 8 de la ley 24.028, acumulando la pretensión de obtener, también, el resarcimiento previsto para el caso de infortunio laboral por la ley 9578.

2. La Fiscalía de Estado contestó la demanda a fs. 410/414. Formuló una negativa general, y en lo que resulta de interés, destacó la improcedencia de acumular las indemnizaciones peticionadas, toda vez que la ley 9578 -señaló- expresamente prevé su incompatibilidad con cualquiera otra que se otorgue por la misma causa. En lo concerniente al reclamo fundado en la ley 24.028, se opuso a la liquidación formulada en la demanda por no respetar el tope previsto por dicho régimen legal.

3. El Tribunal del Trabajo N° 1 de Bahía Blanca, en lo que constituye materia de impugnación, hizo lugar a la demanda de cada actor en lo concerniente al reclamo de la indemnización prevista por la ley 24.028 -cuya aplicación determinó atento la fecha de toma de conocimiento de la patología por los interesados (sent. fs. 842 vta.)- declarando -en su caso- aplicable el límite proveniente del tope legal ($ 55.000) previsto por la norma del art. 8 de aquella ley. Desestimó, en cambio, los reclamos impetrados con sustento en la ley 9578, por considerar que del propio texto de su art. 32 se desprende la incompatibilidad entre ambas prestaciones indemnizatorias (fs. 842 vta./843).

4. En el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la parte actora denuncia infracción de los arts. 44 inc. "e", ley 11.653; 375, Código Procesal Civil y Comercial; 32, ley 9578; 8 y 9, ley 24.028; 49, ley 24.557; dec. del P.E.N. 839/1998, 14 y 17, Constitución nacional, estructurando la impugnación con tres agravios vinculados a: 1) el criterio seguido en el fallo para la determinación del salario diario promedio para el cómputo de las indemnizaciones fundadas en el régimen de la ley 24.028; 2) el tope indemnizatorio que se declaró aplicable; 3) la incompatibilidad establecida entre dichas indemnizaciones y las provenientes de la ley provincial 9578. Respecto de la primera cuestión, se objeta en el recurso el criterio fijado para la determinación del salario diario promedio, invocándose al efecto el marco legal regulador de la actividad de los actores: se señala, en tal sentido, que vigente el régimen horario conocido como "24 por 48 horas de labor", la cantidad de días de trabajo que debieron considerarse -y aplicable como divisor del ingreso anual- era de 122 y no, como se estableció en el fallo, de 305. Se alega, por otra parte, que en la liquidación de la demanda se denunciaron, como trabajados en el año respectivo, 250 días, y que dicha circunstancia fue reconocida por la accionada a fs. 410 vta.

   En otro orden, pretende la aplicación del tope legal fijado por el dec. 839/1998, vigente al momento del dictado del fallo.

   Finalmente, y en lo que concierne a la crítica de la incompatibilidad declarada entre el régimen general de la ley 24.028 y el especial establecido por la ley 9578, se invoca la doctrina de esta Corte que, atendiendo la distinta naturaleza que los créditos emergentes de la ley de accidentes de trabajo exhiben respecto del beneficio acordado por el régimen del dec. ley 9550/1980 del personal policial, sustancialmente análogo al de autos, admite la acumulación que debió, por lo tanto, juzgarse procedente.

5. El recurso no prospera.

   1. Por razones metodológicas abordaré en primer lugar el agravio vinculado al tope legal cuya aplicación se pretende.

      El decreto 839 (B.O. 23-VII-1998), que se invoca en el recurso, dispuso incrementar hasta la suma de $ 110.000, el tope del capital integrado previsto por la norma del ap. 2 del art. 15 de la ley 24.557 a los fines del cálculo de la prestación de pago mensual por incapacidad permanente total (IPT), declarando asimismo que dicha cuantía -definida como "monto tope"- resultaría aplicable a los fines del cálculo de la prestación establecida en el tercer y cuarto párrafo del ap. 3 de la disposición final segunda del art. 49 de la misma ley, concerniente a la indemnización de pago único por incapacidad permanente parcial inferior al 50%.

      Sentado lo anterior, entiendo que la pretensión de sustituir el tope, o límite cuantitativo de la obligación indemnizatoria prevista por la norma del art. 8 de la ley 24.028 -vigente a la fecha de la consolidación del daño, y por ende, al momento de configurarse la exigibilidad del crédito reclamado en autos-, por aquél otro específicamente vinculado a la determinación delquantumde las prestaciones previstas en relación a las contingencias y situaciones cubiertas por la ley 24.557 -inaplicable en la presente controversia- resulta notoriamente improcedente.

      En efecto, no puede prosperar la propuesta de aplicar el tope fijado en el marco de la ley 24.557 a una situación fáctica que se produjo y consolidó bajo la vigencia de la ley 24.028, aparte de ser tal régimen el sustento legal del reclamo de autos, admitido por la sentencia y no controvertido por los interesados. Antes bien, la prescindencia de aquél marco normativo, para ajustar cada pretensión al estricto diseño del régimen de la ley 24.028, resulta inequívoca (i.e., fs. 378/vta. y sgtes.), lo que pone de resalto la antinomia emergente de la actual postulación.

      Para más, esta Suprema Corte reiteradamente ha declarado que el tope máximo de la indemnización por un infortunio del trabajo es el que fija la legislación vigente al momento en que se producela incapacidad que es su consecuenciay determina su exigibilidad, sin que una ley posterior pueda modificar el crédito preexistente, ya que el fallo judicial que declara la previa existencia de tal "consecuencia" y determina sus efectos no equivale a la "consecuencia" misma (doct. art. 3,Código Civil...