Cristina Kirchner, ante su más grave acusación

A casi dos años de que el desaparecido fiscal federal Alberto Nisman acusara a la entonces presidenta y a otros funcionarios y dirigentes kirchneristas de querer encubrir el papel de Irán en la voladura de la AMIA, esa denuncia, que pese a su gravedad había sido desestimada en diversas instancias judiciales sin abrirse investigación alguna, ahora finalmente será investigada.

Así lo ha ordenado la Sala I de la Cámara de Casación con los votos de los camaristas Mariano Hernán Borinsky, Gustavo M. Hornos y la presidenta, Ana María Figueroa, quien mediante una disidencia parcial consideró que si bien hay que investigar, no habría delito. La Cámara no ha avalado el contenido de la denuncia, sino que ha ordenado que la hipótesis sea investigada.

Como hemos sostenido en esta columna desde el comienzo, al margen de la entidad que pudieran tener en un primer momento las pruebas mencionadas por Nisman en su denuncia, el autor de ésta estaba al frente, por decisión del régimen kirchnerista, de la Unidad Fiscal AMIA y, además, murió pocos días después de realizarla en circunstancias que la Justicia aún debe esclarecer, pues existe la fundada sospecha de que su denuncia pudo estar relacionada con su muerte.

Pero lo más grave de todo y lo que tornaba insoslayable una investigación inmediata, rápida, objetiva e independiente era y es que se acusaba a la entonces presidenta, a su canciller Héctor Timerman y a importantes figuras del kirchnerismo como Luis D'Elía y el secretario general de La Cámpora, Andrés Larroque, de haber encubierto el papel de los iraníes acusados por la justicia argentina como autores del peor atentado en la historia de nuestro país. La voladura de la mutual judía, en julio de 1994, ocasionó la muerte de 85 personas y heridas a centenares.

Ante semejante imputación, la ex presidenta y Timerman deberían haber solicitado en el acto ser investigados para despejar toda duda. En cambio, lo que siguió fue una triste danza en los tribunales que alimentó aún más las sospechas, pues funcionarios judiciales afines al kirchnerismo bloqueaban en las diversas instancias los caminos para iniciar la investigación, que, finalmente, se pondrá en marcha con dos años de demora. Para la ex presidenta se trata, obviamente, de una imputación más grave desde el punto de vista moral que las que va acumulando en materia de corrupción.

Es importante destacar que el fallo de la Sala I de Casación apartó del caso al juez federal Daniel Rafecas y a los jueces de...