Crisis en el sistema de concursos para nombrar a nuevos fiscales

El sistema de concursos destinados a cubrir los cargos de fiscales está en crisis. Primero, un fallo declaró inconstitucional que la procuradora Alejandra Gils Carbó eligiera a los jurados discrecionalmente y sin sorteo, como lo venía haciendo; después, ella misma paralizó varios concursos con fundamento en la decisión de Mauricio Macri de frenar la reforma que establecía el paso al sistema acusatorio.

El futuro de su propio cargo es incierto. Diputados tiene previsto tratar mañana un proyecto de ley de reforma del Ministerio Público que limita las atribuciones de la procuradora.

En mayo pasado, la Sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo dictó el fallo Hughes, una dura sentencia contra Gils Carbó. Patricio Hughes era uno de los competidores de un concurso destinado a cubrir cargos de fiscales generales en distintos lugares del país. Hughes cuestionó que los jurados los eligiera Gils Carbó y reclamó que se volviera al sistema de sorteos. La cámara le dio la razón.

En 2012, el entonces procurador subrogante, Luis González Warcalde, había dispuesto que tanto los evaluadores como los juristas invitados de los concursos fueran designados por sorteo, "en aras de la máxima transparencia". No era así antes de que él asumiera. Después, Gils Carbó cuestionó las atribuciones de González Warcalde para modificar el régimen -dada su condición de subrogante- y volvió a un sistema que prescindía de los sorteos.

El fallo de mayo pasado de la Cámara en lo Contencioso Administrativo sostuvo que Gils Carbó actuó con una "ilegitimidad manifiesta" en contra de un método que era más transparente y ofrecía más garantías de objetividad. Advirtió además que Gils Carbó solía convocar a los mismos jurados y que ella misma se había puesto a presidir "numerosos concursos".

La sentencia lleva las firmas de los camaristas José Luis López Castiñeira y Luis María Márquez. María Claudia Caputi, tercer integrante de la sala, votó en disidencia.

Entre los fundamentos de su fallo, los camaristas dijeron que de acuerdo con la Corte Suprema y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el principio de independencia judicial "se extiende sin dudas a la actuación de los integrantes del Ministerio Público" y "constituye uno de los pilares básicos de las garantías del debido proceso". Agregaron que "un adecuado proceso de designación de los miembros del Poder Judicial, que sea transparente y garantice la igualdad de los candidatos, es garantía fundamental para su...