La crisis requiere de mucha acción y, en ese contexto, se proponen medidas relevantes y positivas

El presidente Javier Milei anunció el DNU de desregulación de la economía en un mensaje emitido en cadena nacional

El nuevo gobierno ha iniciado su gestión con gran ritmo y numerosas propuestas que suponen cambios de fondo para nuestra economía y negocios. Muchas de las respuestas de la dirigencia política recibidas hasta el momento parecen querer evitar el fondo de la cuestión para concentrarse solo en la forma.

Tanto el DNU como la Ley Ómnibus del presidente Milei consisten básicamente en retraer al Estado de una serie de ámbitos en los cuales considera que estaba siendo más destructivo que protector, para liberar así las energías del sector privado. Esta decisión está claramente alineada con lo que prometió en su campaña y la ciudadanía avaló muy mayoritariamente.

En materia de gobernanza pública, se debe destacar que no vivimos en un sistema parlamentario, sino presidencialista. Hasta ahora había gran consenso de base entre los dos partidos que gobernaban alternativamente y dominan el Congreso. Esta vez, perdieron ambos y el Congreso todavía refleja poco lo que expresa el mandato popular al Presidente. El Congreso deberá hacer esfuerzos para no impedir al Gobierno solucionar la crisis. Cuando el voto popular del Presidente no se condice con las ideas imperantes en el Congreso, ¿cómo se dirimen los límites para que las dos fuentes de legitimidad puedan convivir?

El ámbito administrativo es un terreno intermedio entre legislativo y ejecutivo. Y gran parte de las medidas propuestas son de índole reglamentaria, pues modifican regulaciones de mercados. No cambian ninguna cuestión o principio de fondo: p.ej., no se pretende transformar el contrato laboral en un contrato libre entre iguales, ni eliminar la afiliación sindical, como podría haber sido el caso de un libertarismo extremo. Elimina cláusulas que se tornaron abusivas y ahuyentan la contratación. Lo mismo sucede en muchas otras materias. Todas regulaciones de índole más administrativo que de fondo. Se trata de decisiones que o bien podría tomar el propio Ejecutivo, si el Congreso no hubiera avanzado sobre ellas.

Hay otras medidas, en cambio, que reforman conceptos básicos de la legislación, entre ellas, algunas relevantes para el gobierno corporativo, como las reformas a la ley de sociedades comerciales o el status de las empresas estatales. Estas propuestas están siendo debatidas en el Congreso, como corresponde.

Al respecto, derogar la figura de la sociedad del estado es una medida...