Crimen organizado, transnacional y argentino, un flagelo inquietante

La región y nuestro país sufren de un cáncer institucional en expansión y muy profundo, que cuesta comprender y aprender a extirparlo y controlarlo. Me refiero a flagelos que van más allá de los problemas habituales de inflación, desempleo, crisis energética y rural. Más específicamente, al temeroso y sigiloso avance de los grupos criminales que ya a esta altura ostentan poder suficiente para atemorizar o liquidar la vida en segundos de fiscales y jueces que se animen a encarcelarlos. Como el reciente asesinato del fiscal antimafia y drogas de Paraguay Marcelo Pecci, ejecutado en las playas de Colombia por dos sicarios que en segundos se llevaron su vida (y su impronta en las causas que tramitaba también).

Pero la Argentina no está para nada alejado de aquella realidad. Si alguna duda cabe, tan solo basta resaltar el discurso de los jueces de la Corte Horacio Rosatti y Ricardo Lorenzetti en la reciente reunión en Rosario de Junta de Jueces y Juezas Federales (Ajufe), donde se respaldó a los magistrados que aún se animan a investigar al crimen organizado, internacional y con ramificaciones domésticas.

La situación es tan extrema y alarmante que pasó desapercibida la reciente noticia sobre las verdaderas razones por las cuales la jueza federal Arroyo Salgado renunció a seguir impulsando el asesinato de su exmarido, el fiscal Alberto Nisman: las repetidas amenazas de muerte recibidas. Los fiscales y jueces tienen miedo, sus familias también; y los testigos y denunciantes mucho más. ¿Quién se animaría en este contexto tan pesimista a denunciar estos crímenes si ni siquiera los juzgadores pueden asegurar su seguridad individual y la de sus familias? Solo los imprudentes o sumamente aventureros.

El crimen organizado local extendió sus ramificaciones en el país, amenazando la paz y la seguridad ciudadana. Ya todos tenemos un poco de miedo; todos los días. No es para menos. Los delitos (trans)nacionales, como el narcotráfico, lavado de dinero, terrorismo, contrabando, piratería, tráfico de armas, corrupción y fraude corporativo, entre otros, contienen un carácter económico, social y de perspectiva supranacional que dificulta su persecución y condena. Su poder económico, táctico y de lobby suele ser su garantía de impunidad. Tanto, que muy rara vez se termina condenando a los mandos medios y jefes de la organización.

Según los estudios de 25 casos comparativos que publiqué en mi último libro Ganancia económica del delito (Marcial Pons), la situación...