Creciente infiltración narco

Debido a la cómplice pasividad de la mayoría de las autoridades nacionales durante los 12 años del régimen kirchnerista, la tan temida como innegable infiltración del narcotráfico en los organismos e instituciones encargadas de combatirlo ha avanzado con inusitada gravedad. Así comenzó en Colombia y luego en México el debilitamiento y la captación de esas áreas clave sin las cuales el Estado y la sociedad quedan inermes ante los poderosos carteles de la droga.

Lo ocurrido en esta materia en esos dos países está lejos de nosotros en lo que hace a la geografía, pero no en cuanto a la gravedad institucional que tal avance representa, como venimos sosteniendo desde hace mucho en esta columna.

El año pasado, mediante una valiente decisión en una compleja causa por narcotráfico, la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, ex mujer del fallecido fiscal Alberto Nisman, allanó tres sedes de la fiscalía general bonaerense de aquella localidad e imputó nada menos que al fiscal general de la jurisdicción, Julio Alberto Novo, a dos fiscales que dependían de él y a dos secretarias. La jueza los acusó de encubrimiento agravado, atentado a la autoridad por estorbo al acto funcional, abuso de autoridad y violación de sus deberes oficiales.

En ese sumario se investiga a una red de funcionarios judiciales que presuntamente encubría el accionar de importantes narcotraficantes. Por decisión del Tribunal de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios bonaerenses, Novo deberá afrontar un juicio político bajo la sospecha de haber encubierto las actividades de un cartel colombiano que opera en nuestro país.

A su caso se suma el escándalo protagonizado por el juez federal de Orán, en Salta, Raúl Reynoso, investigado por el presunto cobro de coimas para beneficiar a narcotraficantes y recientemente procesado como responsable prima facie de asociación ilícita y prevaricato con un pedido de prisión preventiva, aunque esto último no podrá concretarse pues a Reynoso aún lo protegen sus fueros de magistrado. En esa misma causa también se procesó a abogados de Orán y empleados del juzgado.

Al referirse a este caso, el fiscal general ante la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, Gustavo Gómez, sostuvo con razón que no puede ser tomado como un hecho aislado: "Las complicidad de algunos jueces federales del noroeste argentino con el narcotráfico es de vieja data, aunque el tema nunca haya estado en la agenda periodística".

Poco antes, en Santa Fe, el ex jefe de...