Creciente desequilibrio del poder

Una de las máximas conquistas de la civilización política ha sido el diseño de sistemas que limitan la voluntad del que manda. Nuestro país se ha ido apartando de esa senda en varias dimensiones de su vida pública. La división clásica entre los poderes legislativo, ejecutivo y judicial resulta cada vez más borrosa en la Argentina. La expansión del Ejecutivo sobre el Congreso y los tribunales se ha vuelto muy visible a través de los decretos de necesidad y urgencia, la legislación delegada o la manipulación cesarista del Consejo de la Magistratura, sea para la designación o para la amonestación de los jueces, y la presión sobre los jueces independientes.Hay otro freno a la administración central que también se ha desactivado: el que proviene de la fragmentación territorial del poder. El federalismo, que está consagrado por la Constitución Nacional como uno de los rasgos de nuestra forma de gobierno, no ha hecho más que retroceder en los últimos años.El menoscabo a las autonomías provinciales tiene muchos rostros. Su modalidad más reciente se comprobó durante la composición de la oferta electoral de la alianza gobernante, el Frente para la Victoria. Los gobernadores de esa fracción se resignaron a que las listas de candidatos que representarían a sus distritos en la Cámara de Diputados fueran digitadas desde un despacho de la Casa Rosada.En su avasallamiento a los liderazgos locales, la Casa Rosada no se detuvo en la confección de las candidaturas nacionales. También forzó la composición de las fórmulas para gobernar los distritos. Daniel Scioli se allanó como gobernador bonaerense a que le impusieran a su compañero de fórmula, el ultrakirchnerista Gabriel Mariotto. Esa concesión de Scioli resulta más escandalosa cuando se contrasta con la tradición de orgulloso autonomismo que recorre la historia de la provincia de Buenos Aires.Es difícil encontrar un período de la historia en el cual los fondos federales se hayan concentrado tanto en el Tesoro nacional. En los últimos ocho años, la coparticipación provincial se redujo del 34 al 25% de una masa total de recursos que se ha ido agigantando, sobre todo por el cobro de retenciones a las exportaciones. Debe recordarse que la ley de coparticipación establece que las provincias deben recibir el 57% de lo recaudado.La descompensación más escandalosa beneficia a la Anses. Desde que se privatizaron las jubilaciones, en 1993, ese organismo se apropia del 15 por ciento de la recaudación total, que sólo después se...