Está en la Corte la pelea por la deuda de López

La batalla del Estado para intentar cobrar la deuda de $ 8000 millones que el Grupo Indalo tiene con la Administración Federal de Ingresos Públicos ( ) llegó a la Corte Suprema. La Inspección General de Justicia (IGJ) presentó anteayer un escrito ante el máximo tribunal para solicitarle que decida de manera urgente si un juez de Comodoro Rivadavia es competente o no para actuar en el , la empresa insignia de y su socio Fabián de Sousa.

La realidad es que la IGJ viene tratando de evitar que el empresario traslade la sede social de su empresa madre a Chubut y, por ende, tramite el concurso preventivo en esa provincia en lugar de hacerlo en la ciudad de Buenos Aires, donde estaba registrada originalmente. La IGJ intervino en el tema después de que un juzgado federal en lo contencioso administrativo dictó, en marzo pasado, una medida cautelar por la cual le impidió al Grupo Indalo realizar cualquier movimiento que implicara la escisión de sus empresas, .

Según confirmaron a LA NACION, la IGJ hizo anteayer una presentación dirigida directamente al presidente del tribunal, Ricardo Lorenzetti. En ella, le pidió que la Corte intervenga "por privación de justicia" y la puso en conocimiento de las supuestas irregularidades que se produjeron en el conflicto de competencia entre el un juez comercial de la ciudad de Buenos Aires y el juez primera instancia de Chubut Gustavo Toquier.

El juez de Comodoro Rivadavia continuó tramitando el concurso preventivo de Oil pese a que la justicia nacional en lo comercial con sede en Buenos Aires se declaró competente, posición que más tarde apoyó la Procuración chubutense. También la IGJ de la Nación y la Inspección de Justicia de Chubut habían coincidido en que el Grupo Indalo no había llegado nunca a perfeccionar la inscripción de la sociedad en la provincia patagónica y, por ende, no podía iniciar allí su concurso.

"Según el código, aun si el juez de Chubut aceptara la competencia, debería mandar todo a la Corte, porque hay una incompetencia a razón de territorio", explicaron quienes siguen de cerca el caso.

Detrás de las idas y venidas legales, el Estado estaría intentando impedir que López eluda el reclamo de la AFIP. Para la AFIP, si López llegara a tener éxito tramitando su concurso en el Sur sería mucho más difícil hacerse de los fondos que le reclama.

Según informó LA NACION, López y De Sousa acumularon una deuda de $ 8000 millones con la AFIP debido a que durante años no le remitieron al organismo...