La Corte escuchó la queja de policías, pero aún no avanza el pedido de sindicalización

El autodenominado Sindicato de Policías de la Provincia de Buenos Aires (Sipoba) llevó ayer su reclamo de personería gremial a la Corte Suprema, donde denunció que "el 80 por ciento" de los agentes provinciales "vive en villas de emergencia" y que reciben "órdenes, incluso ilegales", que "tienen que acatar" para no ser sancionados.

En la misma audiencia el Ministerio de Trabajo de la Nación volvió a manifestar con firmeza la oposición del Gobierno a reconocer esa demanda y, en consecuencia, rechazó la agremiación de policías.

Alberto Lugones, abogado del Sipoba, sostuvo a la prensa que "el policía está en la misma situación de sometimiento que el obrero del siglo XIX" y defendió la creación del sindicato porque, dijo, "es el ámbito donde el policía honesto podría respaldarse". Desde 1998 el Sipoba reclama la sindicalización policial basado en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional, que garantiza la "organización sindical", pero ya cosechó tres rechazos en la Justicia y llegó con recursos hasta la Corte Suprema.

La condición policial impide la realización de medidas de protesta por parte de los integrantes de esas fuerzas de seguridad. Las huelgas policiales ocurridas en varias provincias -sin participación de agentes bonaerenses- en diciembre de 2013 terminaron con varios policías procesados por sedición, además de las muertes y saqueos que causaron temor en esos días.

En julio pasado fueron condenados 17 policías de Concordia por ser considerados cabecillas de la huelga policial en Entre Ríos; la pena más alta fue de cuatro años y seis meses por sedición. Hay acusaciones similares en otras provincias contra los policías que asumieron la representación de sus colegas en las protestas. En 2012 también habían adoptado una medida de fuerza gendarmes y prefectos.

Lugones describió que de los policías bonaerenses "el 80 por ciento vive en villas de emergencia", lo que pone al personal en una situación de vulnerabilidad, porque se presenta la situación de "órdenes, incluso ilegales", que "tiene que acatar" para no ser sancionado, según consignó a la agencia DyN.

El gremialista y diputado nacional Facundo Moyano, amicus curiae en el juicio -es decir que es un tercero ajeno al litigio que voluntariamente ofrece su opinión frente a algún punto del Derecho-, argumentó que un sindicato servirá "para canalizar conflictos" en la policía y que en los paros policiales de 2013 "hubo una negociación sindical de hecho. La sindicalización sería un...