La corrupción no llega a juicio

Un solo dato, conocido recientemente gracias a una auditoría efectuada en la Justicia Federal, alcanza para mostrar la gravedad de la crisis que afecta al servicio de justicia en ese fuero tan importante: en los últimos 20 años, solo el 8% de las causas por llegaron a juicio oral.

Palmario y triste ejemplo de ello es la reciente y vergonzosa prescripción de la causa por los 800.000 dólares secuestrados en una valija al ciudadano venezolano Guido Antonini Wilson en el Aeroparque. Diez años demandó el expediente hasta culminar el procedimiento como si nada hubiera ocurrido y como si el dinero hubiera caído del cielo y no hubiese llegado en un avión rentado por funcionarios argentinos kirchneristas y venezolanos chavistas procedente de Caracas.

Este caso es paradigmático de cómo los jueces eluden su responsabilidad cuando los funcionarios mantienen su poder. Luego de descubierta esta flagrante transgresión a la ley, jueces de diversas instancias debatieron estérilmente la correcta calificación del caso. También se conocieron las sospechosas llamadas entrantes a la residencia de Olivos de esa madrugada, efectuadas por otros funcionarios involucrados. De más está decir que nadie fue jamás condenado por este hecho.

El lamentable resultado que arroja la auditoría efectuada por el Consejo de la Magistratura refleja una abierta impunidad a la que se arribó por diversos caminos: sobreseimientos por falta de entidad de lo denunciado, pero también por archivo y prescripciones debido al paso del tiempo y al escaso o nulo afán investigativo.

El dato vuelve a confirmar la extrema condescendencia, rayana en la franca complicidad, entre quienes han ostentado el poder político y económico y muchos jueces federales. A esta altura de los acontecimientos, es difícil creer que el 92% de las denuncias de corrupción sean falsas o carezcan de entidad.

En efecto, la verosimilitud del estudio del que surge ese tétrico panorama es fruto de la auditoría que realizó el Consejo en los juzgados federales penales de la Capital. Se trata de un primer informe sobre el trámite de cada uno de los expedientes ingresados entre 1996 y 2016 en los 12 juzgados del edificio de Comodoro Py.

El trabajo evidencia también que a la cabeza de los juzgados que presentaron mayores demoras en el trámite de casos de corrupción se ubicaron aquellos a cargo de los cuestionados jueces Rodolfo Canicoba Corral, Ariel Lijo y el ya renunciado Norberto Oyarbide. Este último dimitió para no ser...