Coparticipación: todo lo que hay que saber sobre la norma que define cómo se distribuye el dinero de los impuestos del Estado

Horacio Rodríguez Larreta, Alberto Fernández y Axel Kicillof.

Un Estado nacional, 23 provincias y una ciudad autónoma que se reparten fondos multimillonarios. Así puede resumirse la cuestión de la coparticipación, el esquema que establece cómo se distribuye parte de los recursos impositivos de la Argentina y, que a lo largo de décadas, abrió disputas, conflictos, parches y enmiendas, sin que llegara una solución de fondo cuya necesidad está planteada hasta en la Constitución de la Nación.

"La coparticipación es uno de los temas centrales de la organización económica argentina y ahí se ve el ejemplo de uno de los fracasos sistemáticos de las dirigencias políticas", afirma el economista Ricardo Delgado, titular de la consultora Analytica y exsubsecretario de Coordinación de Obra Pública en el Ministerio del Interior (2015-2019), en referencia al carácter político de la cuestión, que define centralmente cómo se distribuye parte de los impuestos recaudados en el país.

La coparticipación es un esquema que, con sus diferencias, se replica en otros países como Canadá o Australia, y establece algunas pautas del sistema de asignación de fondos entre el Estado nacional y los distritos sub-nacionales. Como las provincias delegaron en la Nación la recaudación de algunos impuestos que, según lo establece la Constitución, son facultad de cada jurisdicción, el esquema define cómo se reparten de manera automática esos fondos.

Sin embargo, la Argentina no logró establecer un marco normativo estable y consensuado. La normativa vigente es la ley 23.548, que se sancionó en 1988 como "régimen transitorio", y que no contempla en el reparto entre provincias a la Ciudad de Buenos Aires y a Tierra del Fuego, dos distritos que en aquel entonces eran Municipalidad y Territorio Nacional, respectivamente, y estaban bajo administración del Estado Nacional. Sin modificaciones de base desde entonces, la Constitución, reformada en 1994, estableció en su cláusula transitoria sexta que un nuevo régimen de coparticipación debía establecerse antes del final de 1996. Pero eso nunca se concretó, al demandar la aprobación en el Congreso y de las legislaturas de cada provincia.

"Es algo políticamente difícil de cambiar, porque modificar los porcentajes de distribución implica que alguien va a recibir menos plata, en un juego de suma cero. Y nadie quiere aceptarlo", sintetiza el economista Nadin Argañaraz, del Iaraf. En ese escenario, el régimen de coparticipación, además de...