Convertir asistencialismo en empleo

De los aproximadamente 20 millones de personas que reciben algún tipo de aporte estatal, incluyendo jubilados, pensionados y empleados públicos, hay hoy en el país alrededor de ocho millones que son beneficiarios de planes sociales del Estado. De estos últimos sólo una parte menor realiza actividades como forma de contraprestación. El resto recibe subsidios instrumentados por diversas leyes, intentando atender situaciones de debilidad social, indigencia o incapacidad. En la realidad, una importante proporción de estos fondos se canalizó durante las gestiones kirchneristas con criterios y fines clientelísticos manejados por punteros políticos cercanos al poder. Las sumas aplicadas, que provienen principalmente del Estado nacional y en menor medida de gobiernos provinciales, crecieron sostenidamente a partir de 2002, alcanzando actualmente el 3,5% del PBI. Esto significa un 7,5% del gasto público total del país y equivale a aproximadamente la mitad del déficit fiscal.

Las reservas y dudas sobre los planes sociales admiten un análisis desde distintos puntos de vista. Seguramente las más importantes están en el campo sociológico, al reconocer que el asistencialismo sostenido y permanente deteriora la cultura del trabajo y afecta negativamente la autoestima de los beneficiarios. No obstante, éstos se resisten a prescindir de esas ayudas y hacen políticamente difícil suspenderlas.

Otro plano del análisis es el puramente presupuestario al tener en cuenta la grave situación fiscal por la que atraviesa el Gobierno. La resistencia de las personas y familias a que se les supriman o disminuyan los subsidios parecería imposibilitar reducciones en los fondos aplicados. Pero similar o mayor rigidez se encuentra en las jubilaciones y pensiones, en las que el derecho adquirido es de mayor sacralidad. La necesidad de reducir el déficit fiscal para revertir el peligroso ritmo de crecimiento de la deuda pública hace imperioso actuar sobre el gasto. Parecería inevitable la disminución de los fondos aplicados a los subsidios.

Un tercer punto de análisis es el de la aceptabilidad de los subsidios por parte de quienes contribuyen con sus impuestos. Este sentimiento se amplía cuando la presión impositiva comienza a alcanzar a trabajadores asalariados, que viven de su esfuerzo y se hacen conscientes de que hay otros que, sin trabajar, usufructúan de sus ahorros que el fisco se lleva. ¿Cómo puede sentirse alguien que ha trabajado durante toda su vida para tener una...