El contrato de las represas en Santa Cruz

La noticia de que el Gobierno revisará los documentos con relación a la instalación de las represas hidroeléctricas sobre el río Santa Cruz merece una profunda reflexión.

Cuando se celebró la audiencia pública para su aprobación, la mayoría de los participantes eran autoridades provinciales y nacionales de la gestión que culminó el 10 de diciembre último. También estaban presentes los adjudicatarios de la controvertida licitación (la Unión Transitoria de Empresas integrada por Gezhouba Group, Electroingeniería e Hidrocuyo) y varios sectores interesados en la ejecución de las represas. Todos expusieron sus elogios al megaemprendimiento de la década kirchnerista y no disimularon su indiferencia por las observaciones realizadas por algunos ribereños y vecinos afectados por las represas. Resultaba intimidante pronunciarse en contra del proyecto frente a una casi unanimidad de participantes que defendían la "importancia estratégica" de una obra generadora de trabajo "para todos los argentinos". No faltó la ovación de representantes de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra). Una verdadera audiencia del autoelogio, como nos tenía acostumbrados el gobierno anterior.

La evaluación de impacto ambiental (EIA) es un instrumento para predecir y prevenir los efectos de determinadas actividades. Se trata de un procedimiento destinado a mejorar el sistema de toma de decisiones públicas para que los proyectos resulten sustentables desde el punto de vista ambiental y social, a través de la participación activa de la sociedad. El principal objetivo de la EIA consiste en proveer, de manera anticipada, un cúmulo de información a quienes deben analizar una propuesta en toda sus amplitud para considerar su necesidad, oportunidad y razonabilidad. Permite conocer los impactos posibles, los afectados y beneficiados, y quiénes se harán cargo de los costos. Se presenta así la oportunidad de examinar, y siempre en una instancia previa a su aprobación, los posibles daños o pérdidas que su construcción podría ocasionar, así como alternativas de magnitud, ubicación, diseño y construcción. Claro que para que todo eso ocurra se requieren transparencia y objetividad.

Resulta imprescindible poner a disposición de cualquier interesado la información adecuada a fin de esclarecer la magnitud de los efectos y riesgos posibles de una propuesta. El Estado debe asegurar una información clara, comprensible para los no especialistas, y brindar las...