El Estado contrató a un gremialista al que había acusado por corrupción

Ironías de la administración pública: el sindicalista Raúl Gustavo Granero fue denunciado en la Justicia por un organismo estatal de haber malversado fondos de la obra social del sindicato que presidía. Apenas un puñado de meses después, fue contratado a sueldo por el mismo Estado para ocupar un cargo en una empresa oficial que fue creada por el Poder Ejecutivo.

Santacruceño y kirchnerista de la primera hora, Granero es el ex secretario general de la (Fatpren). Llegó a la cima del sindicato en 2007 y se retiró el año pasado tras caer en las elecciones internas. Sin embargo, la verdadera causa de su salida habrían sido las acusaciones por el presunto desvío de fondos de la obra social del gremio (Osppra).

La Superintendencia de Servicios de la Salud (SSS), el organismo estatal que supervisa a las obras sociales sindicales, denunció a fines de 2013 a Granero por defraudación. Por entonces, Osppra tenía una deuda de $ 3.500.000, según precisó Roberto Omar Zorilla, actual líder del gremio.

Apenas unos meses después de la denuncia de la SSS, en abril de 2014, Granero fue dado de alta como empleado de Veng SA, una empresa creada a través del Poder Ejecutivo de la Nación que depende la Comisión Nacional de Actividades Especiales (Conae).

En la Conae desconocen cómo es el vínculo contractual de Granero con Veng SA, aunque informaron a LA NACION que el gremialista reportaría directamente al Ministerio de Planificación Federal, que conduce Julio De Vido.

La versión de los voceros de la Conae está en línea con el perfil profesional que Granero exhibe en su cuenta de LinkedIn. Allí figura como "asesor de comunicaciones en Veng SA MINPLAN [Ministerio de Planificación".

La causa por defraudación que le inició la SSS por las irregularidades en la obra social está en el Juzgado de Primera Instancia en lo Criminal, a cargo del magistrado Fernando Cubas. La propia obra social figura como querellante y principal damnificada. La causa es la 40687/13.

Cuando el juez Cubas comprobó que la obra social había recibido fondos del Estado nacional, giró sin éxito la causa a manos de Ariel Lijo, quien rechazó la competencia. Cubas insistió en el cambio de radicación de la causa y hasta planteó la cuestión en la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la ciudad de Buenos Aires. Pero la Sala 1 de ese tribunal decidió que el caso debía seguir en sus manos.

Desde entonces y hasta la actualidad, ni Granero ni otras autoridades de la obra social fueron citadas...