Consejo de le Magistratura: ante una oportunidad de hacer las cosas bien

La sentencia pronunciada por la Corte Suprema, declarando la inconstitucionalidad de las reformas realizadas en 2006 a la ley que regula el Consejo de la Magistratura de la Nación, puede servir como punto de partida para organizar esa institución de manera de colocarla al servicio de la Nación.

Para comprender la trascendencia de esta decisión es necesario tener presente el pasado y a dónde la Nación decidió ir en este tema.

Antes de la reforma constitucional de 1994, los jueces eran designados por el Presidente de la Nación, con acuerdo del Senado. El sistema funcionó de manera tolerable durante muchas décadas en tanto los presidentes y los senadores tuvieron en mira la idoneidad técnica y moral de los candidatos. El puntapié inicial de esas preferencias lo dio el presidente Bartolomé Mitre, quien, al designar la primera integración de la Corte Suprema, lo hizo en reconocidos juristas de la época. Además, para disipar todo tipo de sospechas de parcialidad, Mitre tuvo especialmente en cuenta que estos personajes habían tenido militancia política en filas opuestas a la suya. El comienzo de este deterioro podría fijárselo muchos años después. A partir del golpe de estado de 1930, el Poder Judicial sufre las consecuencias del daño institucional que padece el sistema político y comienza su decadencia. Los sucesivos golpes de estado irrumpen en todos los poderes judiciales del país con remociones y designaciones de jueces que, en proporción variable, serían removidos a la vuelta de los gobiernos democráticos, dando lugar a nuevas designaciones. En algún lugar de este largo y penoso trance de nuestro pasado, comienza a cobrar cuerpo la idea designar como jueces a personas de la misma simpatía partidaria. Fue en 1947 cuando por primera vez la composición de la Corte Suprema es renovada con integrantes de la misma filiación partidaria. En años posteriores se llegará al extremo de nombrar en estos cargos a individuos que jamás podrían haber integrado el Poder Judicial por su falta de idoneidad técnica.

Para erradicar estas prácticas políticas viciosas y contrarias al espíritu constitucional. los constituyentes de 1994 acordaron reformar la Carta Magna e incorporar la institución del Consejo de la Magistratura, órgano que tendría a su cargo, entre otras funciones, la de designar y remover a los jueces federales y nacionales (excepto a los de la Corte Suprema).

Con respecto al Consejo, la Constitución exige que lo integren representantes de los...