El Congreso le ordenó a la AGN investigar el acuerdo con el Correo

La Comisión Mixta Revisora de Cuentas decidió ordenarle a la Auditoría General de la Nación (AGN) que realice un pormenorizado análisis "de gestión de los intereses del Estado" durante el proceso de negociación entre el Poder Ejecutivo y el Correo desde que la empresa de la familia Macri entró en concurso de acreedores, en 2001.

De esta manera, el Congreso decidió tomar intervención en el supuesto conflicto de intereses en el que quedó involucrado el presidente Mauricio Macri a partir del polémico acuerdo firmado por el Ministerio de Comunicaciones para cobrar las deudas que con el Estado mantiene la empresa Correo Argentino SA, perteneciente al Grupo Socma.

La resolución establece que en un plazo de 90 días, prorrogables por 30 días más, la AGN deberá analizar los reclamos judiciales y administrativos por deudas impagas formulados por ambas partes y las diferentes instancias de negociación por las que atravesó la conflictiva relación entre el Estado y Correo Argentino, hasta llegar al acuerdo de pago de junio del año pasado y las objeciones planteadas por la fiscal general ante la Cámara Comercial Gabriela Boquin.

Al remontarse al inicio del concurso preventivo de Correo Argentino SA, la "auditoría de gestión de los intereses del Estado" ordenada por la comisión legislativa deberá analizar las actuaciones llevadas a cabo por el actual Ministerio de Comunicaciones, pero también por sus antecesoras, las ya desaparecidas Secretaría de Comunicaciones y la Comisión Nacional de Comunicaciones. Si bien hubo acuerdo, el debate no estuvo exento ayer de críticas cruzadas entre el oficialismo y la oposición en torno a los detalles del controvertido acuerdo judicial.

"Hoy estamos aquí porque hubo un acuerdo de una empresa de la familia del Presidente que logró una quita (de deuda) del 98,2%", fustigó la senadora Virginia García (FPV-Santa Cruz). "Un excelente acuerdo para un grupo empresario, lo lamentable es que del otro lado estamos todos nosotros, porque el Estado somos todos", insistió la legisladora de La Cámpora y cuñada de Máximo Kirchner, quien acusó de manera velada al Gobierno de haber pretendido mantener en secreto el acuerdo. "Se conoció porque se filtró en la prensa", afirmó.

Desde el oficialismo le replicó Álvaro González (Pro-Capital). "De secreto (el acuerdo) no tiene nada, porque se hizo en la Justicia", aseguró el diputado, que a su vez acusó a las administraciones kirchneristas de haber perjudicado al Estado.

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