Un Congreso mudo ante sospechas de corrupción

Un grupo de organizaciones no gubernamentales demandó ante la Justicia a las dos cámaras del Congreso Nacional por negarse a brindar información sobre los gastos en que incurren. Se trata de dos amparos presentados ante el fuero contencioso administrativo federal en reclamo del cumplimiento del derecho que tienen todos los ciudadanos para poder ejercer el control del uso de fondos públicos. En otras palabras, para poder combatir posibles hechos de corrupción en el Estado.

Las reconocidas organizaciones que presentaron los amparos son la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), la Fundación Directorio Legislativo y Poder Ciudadano. Se trata del mismo grupo de entidades que en agosto del año último habían presentado un pedido ante ambas cámaras para que se hiciera pública la información referida a su funcionamiento interno. Las autoridades legislativas nunca respondieron.

Si bien ha sido una constante la negativa a informar sobre esos asuntos por parte del kirchnerismo, tanto en el Poder Ejecutivo como en el Legislativo, lo acaecido no deja de llamar la atención, especialmente si se tiene en cuenta que el titular de Diputados, Julián Domínguez, había suscripto un compromiso de transparencia, del que sólo se han registrado unos tímidos avances. En tanto, en el Senado, cuyo presidente provisional es Amado Boudou, la única respuesta fue una involución: ya ni siquiera se actualiza la ejecución presupuestaria ni se entregan las declaraciones juradas de los legisladores.

El conocimiento de la forma en que se ejecutan los recursos públicos es un derecho y no, como pretenden hacer ver las actuales autoridades, una concesión discrecional que se realiza a la ciudadanía. Según las organizaciones demandantes, esa falta de respuesta sobre cuestiones tales como la cantidad de empleados del Congreso, la asignación presupuestaria a los bloques, las becas y subsidios que entregan los legisladores y los viajes que éstos hacen al exterior del país vulnera precisamente el derecho humano de acceso a la información pública.

Nuestro Congreso está deliberadamente en falta con la sanción de una ley de acceso a la información del Estado. Incluso, ni siquiera se acata el decreto suscripto en ese sentido por el ex presidente Néstor Kirchner, en 2003. Los pedidos en él basados son respondidos parcialmente por el Gobierno, utilizando maniobras burdas como la de fundamentar la negativa en que los datos que se...