La conflictividad laboral en el Estado es más alta que en el sector privado

Precarización laboral, politización de la protesta, oposición a los cambios o simples problemas puntuales llevaron al trabajador a reaccionar y a levantarse contra su empleador: lo irónico es que con cada vez más frecuencia ese patrón es el Estado y no una empresa privada.

Los gremios docentes contra María Eugenia Vidal por la paritaria de los maestros; los trabajadores de ATE y UPCN contra el Indec y las decenas de despidos, y el paro nacional al que los estatales también se sumaron el 6 de este mes son algunos de los pocos ejemplos recientes que tienen como protagonistas a los estatales. Es más, según datos oficiales, la conflictividad de los trabajadores públicos creció exponencialemente en 2016 frente a la que mostraron los privados.

La Subsecretaría de Programación Técnica y Estudios Laborales del Ministerio de Trabajo, que conduce José Anchorena, difundió números que llamaron la atención sobre lo ocurrido el año pasado. El primero dice que si se toman los datos de conflictos en el primer período del gobierno de Mauricio Macri, un empleado del sector privado no trabajó proporcionalmente una jornada cada seis años mientras que un asalariado del sector público no trabajó una jornada cada 118 días. El segundo: el número de jornadas individuales no trabajadas por asalariado en el sector público fue 18,5 veces mayor que en el sector privado.

"La situación es muy asimétrica y se mezcla un poco de todo", afirmó a LA NACION el ministro de Modernización, Andrés Ibarra, uno de los puntales en la relación con los trabajadores estatales, sobre todo en la administración pública (ministerios, universidades y entes descentralizados, entre otros). "Hay conflictividades en un plano operativo en un lugar específico pero del otro lado tenés, por ejemplo, el paro general donde existen reclamos que pueden ser más transversales. El índice de Trabajo computa todas las posibilidades", agregó. Ayer, como había anticipado este medio, Modernización publicó en el Boletín Oficial un nuevo reglamento general de control de asistencia y presentismo que se deberá utilizar en el ámbito de la administración pública nacional en el plazo de un año, con el objetivo de "homogenizar los criterios" para todo el personal y "reforzar el control".

A fines de 2016 había 3.490.056 trabajadores estatales que se dividían así: nacionales (740.677), provinciales (2.297.491) y municipales (451.888). Los datos de la cartera que conduce Jorge Triaca, sobre la base de los registros de la...