A confesión de parte, relevo de pruebas

Según surge de las acordadas, el propósito de la Corte Suprema de Justicia de la Nación al convocar la reciente audiencia pública por la ley de medios fue -además de profundizar en ciertos aspectos del expediente- difundir públicamente cómo trabaja el tribunal, brindar transparencia al proceso y permitir la participación ciudadana en el debate.

Aun cuando estos propósitos se cumplieron, tal vez lo novedoso del procedimiento provocó que en la audiencia imperara cierto nerviosismo más propio de un examen universitario que de una exposición judicial. Más allá de los disímiles comportamientos y actitudes de cada parte, resultó indudable que ninguna estaba segura de cuáles eran las respuestas correctas.

Así, el equipo de Clarín, que en algunas ocasiones hizo malabares retóricos hasta hilvanar la respuesta que consideraba adecuada, por momentos se extendió en explicaciones técnicas acaso excesivamente complejas para fundamentar el derecho irrestricto a las libertades de imprenta, prensa y expresión.

Del otro lado, la aplicada abogada Graciana Peñafort se extravió reiteradamente en vericuetos administrativos, pero lo hizo con tanto aplomo que quienes encontramos incongruentes o inconsistentes muchas de sus afirmaciones dudamos más de nuestro criterio que del suyo.

Tal seguridad devino en obstinación cuando ocho veces seguidas se negó a contestar al presidente de la Corte cuáles serían las consecuencias jurídicas de que el Estado afectara los derechos adquiridos del Grupo Clarín quitándole licencias otorgadas. Finalmente debió intervenir en su auxilio el subprocurador del Tesoro, quien a regañadientes concedió que "eventualmente" el afectado podría reclamar una indemnización al Estado, lo que sería materia de otro juicio. Probablemente la reticencia de Peñafort obedeciera a que sabe bien que Lorenzetti, presidente de la Corte, es un firme partidario de la aplicación de la prevención de daños. Esta garantía, establecida en el artículo 43 de la Constitución, fue invocada en la causa por Clarín para evitar que el Gobierno justificara, con la excusa de la compensación patrimonial a posteriori, el aniquilamiento irreparable de su organización periodística.

Aunque la dinámica de la audiencia hizo que en el momento pasara inadvertido, el Estado cometió un sincericidio de irremediables consecuencias al responder la pregunta 14: "¿Cuál es el motivo por el que se optó por restringir la tenencia cruzada de licencias de televisión abierta y de televisión por...