Condenado en España, el juez Garzón es asesor del Gobierno

Un es el principal asesor del Gobierno para promover la "justicia universal", con rango y sueldo de subsecretario de Estado. La presidenta Cristina Kirchner designó en diciembre de 2012 al ex juez español Baltasar Garzón "coordinador en asesoramiento internacional en derechos humanos", pese a que el 9 de febrero de ese año y escuchas telefónicas ilegales de sus procesados que violaron el derecho a defensa en juicio.Esa sentencia definitiva la dictó el Tribunal Supremo de España. La pena fue de 11 años de inhabilitación para ejercer el cargo de juez en ese país, la pérdida definitiva de su condición de juez y prohibición para cualquier función en la justicia.Sin embargo, mediante el decreto 2319/2012, Cristina Kirchner lo designó coordinador en asesoramiento internacional en derechos humanos con cargo "extraescalafonario", rango de subsecretario de Estado y un ingreso de 72.000 pesos, según registros de la Casa Rosada. Garzón señaló a LA NACION que su sueldo es de 47.800 pesos.Depende del secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda, dentro del Ministerio de Justicia.También la Presidenta lo nombró a través del decreto 2318/2012 presidente ad honórem del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (Cipdh), con acuerdo de la Unesco, en representación de la cartera de Justicia.El ex juez ganó protagonismo en la Argentina cuando procesó en España al ex dictador chileno Augusto Pinochet y a los represores argentinos Adolfo Scilingo y Ricardo Cavallo.La Cipdh se creó para promover a nivel mundial la experiencia argentina de persecución y juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad y delitos económicos conexos durante los 70, que según la cartera de Justicia "es ejemplo en todo el mundo".Una grave condena judicial debería ser impedimento para ejercer ciertos cargos. El constitucionalista Daniel Sabsay señaló a LA NACION que "hay una violación flagrante del requisito básico de idoneidad que ordena la Constitución en su artículo 16 para acceder y ejercer cualquier cargo público". El requisito de "idoneidad" está ordenado también en la ley 22.140, que regula la función pública, en los mismos fundamentos de los decretos 2318 y 2319.Garzón sólo accedió a responder a LA NACION por escrito. "Sigo siendo juez; cuando concluya la condena, me puedo reincorporar de forma inmediata", sostuvo. Sin embargo, la sentencia del Tribunal Supremo español también fijó la "pérdida definitiva del cargo que ostenta y de los honores", y lo pena con...