Cobro al 'impuesto a la riqueza'

• Autor: Ignacio A. Nieto Guil
• Cargo: Abogado y articulista para 'La Prensa' (1869) y 'El Litoral' (1918).
• Páginas: 1-8

Nieto Guil, Cobro al “impuesto a la riqueza”

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Cobro al “impuesto a la riqueza”*

Comentario al fallo “U., M. A. c/AFIP s/acción meramente

declarativa de inconstitucionalidad”1

Por Ignacio A. Nieto Guil2

1. Introducción

Recientemente un nuevo fallo judicial declaró la inconstitucionalidad del “Aporte

Solidario y Extraordinario” –ley 27.605–, comúnmente llamado “impuesto a la riqueza”.

Se entendió, en efecto, que la ley vulneró principios y garantías constitucionales en

materia tributaria como: el derecho a la propiedad, capacidad contributiva, confiscato-

riedad, proporcionalidad, igualdad, racionalidad y legalidad. Además, dicho impuesto

deviene confiscatorio puesto que pretendía absorber una parte importante del capital

de la actora, con el agravante que los bienes pasibles de impuesto en el ejercicio 2020

presentaron una situación de rentabilidad negativa. Lo anterior, por consiguiente,

genera una incongruencia lesiva entre la excesiva carga tributaria y la afectación

del patrimonio de la demandante, menoscabando el principio de inviolabilidad de

la propiedad privada resguardada en la Constitución Nacional.

2. Breve descripción del caso

En fecha 24/6/21 en el Juzgado Federal de Comodoro Rivadavia se interpuso

una demanda declarativa de inconstitucionalidad contra la Administración Federal de

Ingresos Públicos a fin de declarar la inconstitucionalidad de la obligación tributaria

establecida por ley 27.605, sancionada el 4 de diciembre de 2020 –reglamentada por

el decreto 42/2021 y resolución general AFIP/DGI 4930/2021–. Su principal objetivo

era morigerar la situación económica por el confinamiento impuesto por el Estado a

consecuencia del Covid-19. Entre los puntos importantes, la ley dispone en el art. 2

que se encuentran alcanzadas las personas humanas y las sucesiones indivisas

por la totalidad de sus bienes, tanto las residentes en el país como en el exterior, por

un monto superior a los $ 200.000.000. El art. 4 establece una tabla con alícuotas que

van desde los $ 300.000.000 a los 3.000.000.000. El art. 5 establece otra tabla con

alícuotas para los bienes situados en el exterior que no pueda verificarse su repatria-

ción, es decir, su ingreso al país dentro de los 60 días subsiguientes a la entrada en

vigencia de la ley.

Respecto a la demandada inició con un procedimiento de fiscalización bajo la

Orden de Intervención n° 1925736 para la determinación del aporte objeto de reclamo.

Ante la falta de certeza de la normativa impugnada, la parte actora alega una carga

* Bibliografía recomendada.

1 Juzg. Fed. Comodoro Rivadavia, 27/11/23, https://acrobat.adobe.com/link/review?uri=urn%

3Aaaid%3Ascds%3AUS%3A261fce1e-3237-3461-ae1f-ef0a6ed0b443.

2 Abogado y articulista para “La Prensa” (1869) y “El Litoral” (1918).