Censurar y castigar

• Autor: Gabriel Ignacio Anitua
• Páginas: 55-57

CENSURAR Y CASTIGAR (11)

Cada vez resulta más clara la necesidad de prestar atención a

determinadas discusiones penológicas que se plantean en otros

ámbitos estatales. Si estos debates han ocurrido en los Estados

Unidos o Inglaterra, y han ejercido influencia en las políticas penales

de los últimos años, la necesidad deviene urgencia. En nuestro

ámbito es significativa, por contrario, la ausencia de registro del

recorrido teórico que no impide la literal copia de algunos de esos

discursos estatales en relación al castigo y la prevención de delitos

(que se encuentran en las plataformas de los partidos políticos de

derecha como de los que se pretenden de izquierda).

Andrew von Hirsch fue, desde 1976 cuando publica Doing

Justice, uno de los primeros y más destacados críticos al sistema

punitivo asociado al Estado de bienestar. Hasta entonces, la

ideología punitiva dominante en los Estados Unidos era la

rehabilitadora. Como se sabe, también es esta ideología la que

informa los ordenamientos legales de nuestras latitudes. Sin

embargo, en Estados Unidos ella se había llevado (en un largo

proceso que cruza casi todo el siglo XX) al extremo de imponer

penas indeterminadas legalmente y que dependieran del exclusivo

resorte tratamental. Contra este tipo de políticas (y contra el gasto

que ellas ocasionaban) se alzaron numerosas críticas radicales,

liberales y conservadoras, que en algunos puntos convergían. Como

se ha dicho, el autor de este libro fue uno de los primeros en criticar

la gran disparidad de montos de condenas para hechos similares, al

impulsar el modelo de la pena merecida (just deserts). Mientras los

grupos progresistas remarcaban en la pena indeterminada los

abusos y discriminaciones hacia determinadas personas que ella

implicaba, los grupos conservadores lograron imponer su “realismo

de derecha” que en esa crítica demandaban penas más severas y

menos onerosas para el Estado. A partir de este soporte teórico, y

con la comprobación –para nada original– de que el modelo

rehabilitador no cumplía sus objetivos explícitos, los Estados

norteamericanos (y luego Inglaterra y otros países) comenzaron a