Una cautelar ordenó reincorporar a dos delegados gremiales del INTI

La pulseada entre el Gobierno y los gremios estatales con influencia en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) por más de 250 despidos en el organismo tuvo ayer su correlato en la Justicia Laboral. El juez subrogante Fernando Vilarullo ordenó "reinstalar en su puesto de trabajo" en un plazo de 48 horas a Nicolás Pérez Fiorentino, un delegado gremial que había sido desplazado el 29 de enero último.

Es el segundo caso que se resuelve de esta manera. El primero fue el de Romina Albertotti, delegada de ATE, que también debería ser reincorporada en el ente, que depende del Ministerio de Producción, que encabeza Francisco Cabrera, y que se dedica en diversos puntos del país a contribuir con el desarrollo de las pymes para incorporar tecnología y modernizarse.

La medida cautelar que dictaminó el juez "se encuentra dirigida a garantizar la libertad sindical reconocida no solo en el artículo 14 bis de la Constitución nacional, sino también en numerosas normas internacionales". Así lo argumentó Vilarullo en su sentencia.

"Esto sienta un gran antecedente para la reincorporación del resto de los 258 despedidos y es fruto de una presentación realizada en consenso", destacaron desde ATE.

Los argumentos oficiales

Javier Ibáñez, presidente del INTI, detectó algunas irregularidades y dispuso este año un ajuste en el organismo, que cuenta con 3000 empleados, aproximadamente.

Según fuentes oficiales, en 2005, la planta del INTI era de 1580 personas. En 2015, trepó a 3100.

"Estaba sobredimensionada, con líneas de trabajo que duplicaban tareas de otros ministerios, como Desarrollo Social y Agroindustria", explicaron. Y justificaron las bajas: "Identificamos 254 personas en temas de ausentismo, mal desempeño y...