Sentencia de Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, 10 de Marzo de 1992, expediente P 36209

Fecha de Resolución10 de Marzo de 1992
EmisorCorte Suprema de la Provincia de Buenos Aires

Dictamen de la Procuración General: La Excma. Cámara de Apelación en lo Penal de Bahía Blanca revocó la sentencia absolutoria de primera instancia y condenó a M.I.A. a la pena de cuatro años de prisión, accesorias legales de inhabilitación absoluta por el tiempo de la condena; privación, mientras dure la pena, de la patria potestad, de la administración de sus bienes, y del derecho de disponer de ellos por actos entre vivos; y costas, por encontrarla autora penalmente responsable del delito de tentativa de homicidio (fs. 279/285).

Contra este pronunciamiento interponen recurso de inaplicabilidad de ley los Dres. J.L.C. y A.C.O., Defensores particulares de la encartada (fs. 288/291).

Luego de transcribir los párrafos salientes del fallo de origen que llevaron al juzgador a la conclusión que M.I.A. era inimputable en los términos del art. 34 inc. 1º del Código Penal, expresan que la Alzada al modificar la calificación legal asignada incurre en equivocada interpretación de la referida norma.

Agregan que la Cámara también efectúa una absurda valoración de la prueba pericial que la lleva a sostener un criterio tradicionalista, en el que pareciera que sólo el enfermo mental resulta inimputable desconociendo la nueva corriente a la que adhieren notables del derecho penal que sostiene que los psicópatas como es el caso de su pupila merecen ser incluidos en la categoría de inimputables.

En definitiva piden se case el fallo, declarando que M.I.A. resulta inimputable y, en consecuencia, se la absuelva de culpa y cargo del delito de tentativa de homicidio.

Opino que el recurso no puede prosperar, en razón de su manifiesta insuficiencia.

En efecto, nos encontramos ante el cuestionamiento de una facultad propia de los jueces de las instancias ordinarias, como lo es la apreciación de los medios de convicción producidos en la causa, por lo que y habiéndose invocado una valoración absurda debe analizarse a la luz de un criterio estricto. Así lo ha resuelto V.E. al decidir que “la casación por absurdo es de carácter excepcional y restrictivo” (Ac. 33.210, del 7V85).

Del examen de la sentencia recurrida surge que la Alzada, luego de ponderar las conclusiones de las pericias corrientes a fs. 136 (su testimonio ampliatorio de fs. 228) y 168 las que a su entender resultan ajustadas a la realidad y concordantes con las demás pruebas y elementos de convicción del proceso, encuentra acreditada la capacidad de culpa de la encausada.

No debe dejar de señalarse que la preferencia que pueda haber tenido el sentenciante respecto de una pericia sobre otra criterio atacado por los recurrentes (ver fs. 289 vta./290 vta.) no configura absurdo (conf. doct. causas Ac. 32.785, Ac. 32.957 y Ac. 33.798, del 14V85).

En conclusión, a mi juicio el pronunciamiento en crisis configura un acto razonado, derivado del derecho vigente y de las constancias de la causa. Los argumentos recursivos, en cambio, no pasan de una mera exhibición de un criterio discordante, toda vez que de sus términos resulta que en realidad no se han conformado con el análisis que de la prueba hizo el “a quo”, y sólo han arribado a conclusiones diferentes por adjudicar a la prueba valores diferentes. Pero ello de ninguna manera equivale a demostrar el absurdo (conf. doct. Ac. 35.183, del 12XI85).

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