Sentencia de Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, 14 de Abril de 2004, expediente C 87493

• Fecha de Resolución: 14 de Abril de 2004
• Emisor: Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires

A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, a 14 de abril de 2004, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores R., de L., N., Mahiques, B., se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa Ac. 87.493, “Serrano de Bilbao, L. contra Banco de la Provincia de Buenos Aires. Amparo”.

A N T E C E D E N T E S

La Sala II de la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Bahía Blanca confirmó la sentencia de primera instancia que declaró la inconstitucionalidad de los decretos 1570/01, 71/2002, 141/02, 214/02; de la ley 25.561, y de las normas complementarias y/o reglamentarias dictadas en consecuencia e hizo lugar a la acción de amparo interpuesta por L.S. de Bilbao (ver fs. 120 vta./121).

Se interpuso, por la parte demandada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley .

Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de dictar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente

C U E S T I O N

¿Corresponde declarar de oficio la incompetencia de la jurisdicción local para intervenir en la presente causa?

V O T A C I O N

A la cuestión planteada, el señor J. doctorR. dijo:

1. La presente causa se ha iniciado con la demanda deducida por L.S. de Bilbao en su calidad de titular de una caja de ahorro, solicitando la devolución de sus fondos y peticionando se declare la inconstitucionalidad de las normas que restringen su libre disponibilidad.

2. En las causas Ac. 85.061 y Ac. 85.472 (“G.” y “P., respectivamente, ambas sentenciadas en la misma fecha), presté adhesión al voto del doctor N., quien -ante la misma cuestión planteada- sostuvo que:

“A mi criterio, las circunstancias expuestas evidencian que la presente causa es de la competencia de la justicia federal”.

“En efecto, la ley 25.587 (B.O., 26-IV-2002) prescribe que la tramitación de los procesos mencionados en su art. 1º, corresponde a dicha jurisdicción (art. 6º)”.

Tal dispositivo incluye dentro de los supuestos de su aplicación a los procesos judiciales de cualquier naturaleza en que se demande al Estado nacional, a entidades integrantes del sistema financiero, de seguros o a mutuales de ayuda económica en razón de los créditos, deudas, obligaciones, depósitos o reprogramaciones financieras que pudieran considerarse afectados por...